Una "justicia" paralela

Las palabras y la vida

Alberto Martín Baró

Ante los casos de corrupción de personajes políticos que, un día sí y otro también, airean los titulares de los medios de comunicación, es muy difícil mantener la presunción de inocencia que todo imputado merece, mientras no haya sido condenado por los tribunales de justicia. Dependiendo de la orientación ideológica del periódico, del canal de televisión o de la emisora de radio, su versión de la noticia será más o menos contundente en su tratamiento del presunto culpable, que en muchos casos deja de ser presunto. La que se ha popularizado como “pena de telediario” sustituye con harta frecuencia al pronunciamiento de los jueces.

¿De qué le sirvió a Francisco Camps, presidente que fue de la Generalidad Valenciana, ser absuelto por el Tribunal Supremo en el famoso asunto de los trajes que le fueron regalados? Su carrera política quedó arruinada sin que la absolución pudiera devolverle la honra perdida.

Rodrigo Rato, Vicepresidente del Gobierno de España y Ministro de Economía durante los gobiernos de José María Aznar, director gerente del Fondo Monetario Internacional, presidente de Caja Madrid y uno de los directivos del grupo financiero Bankia. inmerso en numerosos procesos judiciales, hasta el 23 de febrero de 2017 no fue condenado a cuatro años de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida entre 2003 y 2012, en el caso de las tarjetas black Pero mucho antes, confesémoslo, todos, en nuestro fuero interno y externo, ya estábamos convencidos de la culpabilidad de quien fuera detenido de manera pública y humillante ante la audiencia televisiva. 

La proverbial lentitud de la justicia española tiene mucho que ver en las condenas públicas de políticos por los medios de comunicación, por los ciudadanos y, no digamos, por las agrupaciones opuestas al partido al que pertenecen los así condenados.

Como los reos de la Inquisición española paseaban su infamia portando el sambenito, especie de escapulario que variaba si el declarado culpable se había arrepentido y reconciliado con la fe, recientemente los modernos inquisidores hacen pasear en autobuses con retratos de los por ellos declarados culpables, a políticos, empresarios y periodistas supuestamente implicados en la “trama” de la corrupción. La “casta”, en la que estos inocentes justicieros se han integrado con tanta rapidez y adoptado sus vicios y prebendas, ya no les sirve para denigrar al resto de partidos políticos y grupos empresariales, y se han inventado la “trama”, la red corrupta que ejerce el verdadero y opresivo poder en España. ¿Para qué necesitamos ya fiscales, jueces, tribunales, procesos y juicios?

Ríos de tinta en diarios, de noticias en las ondas y de imágenes televisivas ha hecho correr la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por su implicación en el desfalco masivo de la principal empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid.

Mientras tanto, ha caído prácticamente en el olvido mediático el escándalo de los ERE y de los cursos de formación en Andalucía, que ha representado el mayor expolio de las arcas públicas de la historia reciente. No oculto que, de los tres precandidatos que aspiran en las primarias a la secretaría general del PSOE, mis preferencias se inclinan por Susana Díaz. Pero ¿no estaba la actual presidenta de la Junta de Andalucía al frente de esta comunidad autónoma, como antes lo estuvieron Manuel Chaves y José Antonio Griñán? ¿Y no se enteró de lo que ocurría con sus más estrechos colaboradores?

Se ha llamado a declarar como testigo de la trama Gürtel al presidente del Gobierno Mariano Rajoy, lo que tiene toda la razón de ser. ¿Ni él ni Susana Díaz estaban al tanto de los manejos ilegales de sus subordinados? La alternativa a la connivencia con la corrupción es la ignorancia. En cualquiera de los dos casos, tales gobernantes son culpables por acción o por omisión. Y deberían dimitir sin esperar al veredicto de los tribunales de justicia.

Una justicia lenta y politizada, mientras a los jueces sigan nombrándolos los partidos políticos. Una política judicializada, que solo reacciona ante la corrupción cuando los políticos son imputados –ahora se dice “investigados”–  por los jueces.

Y una “justicia” paralela, la de los medios de comunicación y de los nuevos llegados a la política con pretendidos anhelos de regeneración, que se encarga de poner en la picota a culpables e inocentes que no comulgan con sus ideas.