Una quimérica concordia

 Las palabras y la vida 

Alberto Martín Baró

Una amplísima mayoría de los ciudadanos españoles piensa que la concesión del indulto por el Gobierno de Sánchez a los golpistas catalanes obedece a la necesidad que el presidente tiene del apoyo de ERC y otras fuerzas nacionalistas para mantenerse en el poder.

Solo Sánchez, el jefe del Gabinete de la Presidencia del Gobierno Iván Redondo y los miembros del Consejo de Ministros, órgano al que corresponde conceder el indulto, amén de algunos medios de comunicación sanchistas, comparten la tesis del presidente de que indultar a los sediciosos catalanes traerá la "concordia” a Cataluña, mientras que negar esa medida de gracia representa una “revancha” y una “venganza”.

Olvidan, o simulan ignorar, Sánchez y sus corifeos los siguientes hechos indiscutibles.

En primer lugar, los independentistas condenados por el Tribunal Supremo por sedición, malversación y desobediencia rechazan el indulto, o sea, una medida de gracia por la que se dispone la remisión de todas o de alguna de las penas impuestas al condenado por sentencia judicial firme. Los secesionistas solo aceptan la amnistía, es decir, la derogación retroactiva de la consideración de un acto como delito, que conlleva la anulación de la correspondiente pena.

En segundo lugar, los implicados en el procès han manifestado en repetidas ocasiones y con meridiana claridad que lo volverán a hacer. Y aunque el arrepentimiento no es condición indispensable para la concesión del indulto, sí invalida la pretendida solución del “conflicto” independentista y la concordia que el indulto aportaría a la dividida y enfrentada sociedad catalana, entre los propios catalanes y con el resto de españoles.

En tercer lugar, no cabe más que en la mente desvariada de Sánchez y compañía dar a entender que el fallo del Supremo y, en general, la justicia española se guían o dejan llevar por la “revancha” y la “venganza”.

Todas las cesiones que se han hecho por parte de los Gobiernos centrales españoles a los independentistas catalanes únicamente han conducido a que los mismos sigan recalcitrantes en exigir una mesa de diálogo y un referéndum de autodeterminación y en sus pretensiones de proclamar una República catalana independiente.

No obstante todo lo dicho, yo tengo la secreta sospecha de que los golpistas o sediciosos catalanes en realidad no quieren la independencia. Si este deseo fuera sincero, ¿cómo se explica que el 27 de septiembre de 2017 el entonces presidente de la Generalidad proclamara solemnemente en el Parlament la República catalana para unos segundos después dejar en suspenso dicha proclamación? Y acto seguido puso pies en polvorosa y escapó con nocturnidad y alevosía al extranjero, donde sigue huido de la justicia española.

A los líderes independentistas les va muy bien con su juego de reclamar la mesa de diálogo y la autodeterminación, para tener contenta a su parroquia y simular que trabajan por la causa de la República catalana independiente, mientras Cataluña recibe cuantiosas ayudas económicas y prebendas de todo tipo de la represiva, vengativa y revanchista España, y ellos mismos viven cómodamente instalados en el poder.

Y miran de reojo a sus colegas presos, cuidándose mucho de no incurrir en los delitos por los que los tales golpistas, sediciosos y malversadores fueron condenados. Una de las finalidades de la justicia es escarmentar, en cabeza del penado o ajena, para evitar la repetición o la comisión del crimen. Finalidad que el indulto de Sánchez pretende socavar.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El papel del político

 Las palabras y la vida  

Alberto Martín Baró

Me había propuesto para la entrada de hoy contestar a la pregunta sobre si los políticos y los partidos en los que militan tienen una función en el gobierno de tecnócratas que yo propugno.

Las elecciones a la comunidad de Madrid y la crisis de esta semana con Marruecos me brindan argumentos para dilucidar tal cuestión.

Si cada una de las áreas en las que puede dividirse la gestión de la cosa pública cuenta con un experto o equipo de expertos, sean funcionarios o no, ¿qué papel le quedaría al político titular de cada ministerio?

Se me ocurre, como primera aproximación, el importante cometido de coordinar la actuación de su ministerio con la de los demás departamentos, para que no se produzca la disparidad de criterios y hechos dentro de un mismo gabinete.

Esta coordinación debería estar comandada por el propio presidente del Gobierno, dentro y fuera del consejo de ministros, y sometida al control del Parlamento.

Para esta función del político no experto en una determinada materia se requiere una amplia formación y probada experiencia, lejos de las afinidades ideológicas o partidistas y de otros criterios espurios que he enumerado en la entrada anterior de este blog.

El triunfo de Isabel Díaz Ayuso en las recientes elecciones madrileñas y la aplastante derrota del candidato del PSOE Ángel Gabilondo me confirman en la importancia de la coordinación política. Mientras que Ayuso mantenía un claro mensaje basado en la contraposición libertad-comunismo (o socialismo sanchista), a Gabilondo le marearon Sánchez y los estrategas de la Moncloa con propuestas y eslóganes contradictorios.

Si en un mismo gobierno hay ministros que sostienen el derecho de Marruecos a enviar a la ciudad autónoma española de Ceuta oleadas de inmigrantes niños y jóvenes, y otros miembros del mismo gobierno lo discuten, no es de extrañar que el monarca alauí nos tome por el pito de un sereno y abra sus fronteras a lo que es una invasión de súbditos suyos, contra los que las fuerzas de seguridad del Estado español no pueden ejercer ninguna violencia a riesgo de concitar la condena nacional e internacional.

¿Qué hacía antes de esta crisis migratoria la ministra de Exteriores española, Arantxa González Laya? Enviar cartas a las embajadas sobre el importante uso del lenguaje inclusivo. Mientras, la embajadora marroquí en España se jactaba de que España debía atenerse a las consecuencias de sus propios actos, en inequívoca alusión a la acogida de un líder del Polisario en un hospital español.

En esta ocasión, el presidente Sánchez y el ministro de Interior Marlaska sí han tenido el rápido reflejo de acudir a Ceuta, donde por cierto fueron recibidos con abucheos de la población ceutí.

Es esta otra ineludible actuación del político profesional: el contacto directo con la realidad. Una de las bazas con las que ha contado Ayuso para su victoria electoral ha sido su empeño en pisar la calle, en visitar hospitales y residencias de ancianos, mercados, centros de hostelería, comercios, para escuchar las demandas de la gente –sí, esa gente que Podemos enarboló como bandera para después olvidarla y hacerse casta–.

El síndrome de la Moncloa es no solo el aislamiento de un presidente en su palacio residencial, rodeado de quienes le aplauden, sino su desconocimiento de los intereses y las necesidades de unos ciudadanos que han padecido la peor pandemia conocida en siglos y una crisis sanitaria, económica, laboral y social sin precedentes.

Imprescindible doble papel del político: coordinar la acción de todos los técnicos y expertos, y escuchar el clamor del pueblo, que pide pan –o sea, trabajo para ganarlo– y circo –o sea, ocio imprescindible para una vida sana y social y culturalmente satisfactoria–.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La profesión y el trabajo de la política

 

Las palabras y la vida 

Alberto Martín Baró

Me planteaba al final de la entrada anterior de este blog dos preguntas que intentaría responder en la entrada de hoy: ¿Puede ser la política una profesión y un trabajo? ¿Tienen los políticos y los partidos en los que militan una función en el gobierno de tecnócratas que yo propugno?

La primera pregunta puede parecer baladí o superflua, toda vez que existe una carrera universitaria que prepara para ejercer la profesión y el trabajo del político. Al político lo define escuetamente el Diccionario de la Real Academia Española como la persona “Que interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado”, mientras que en el mismo Diccionario la política viene definida como “Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados” y como “Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos”.

Lo que ocurre con harta frecuencia en nuestros días y en España, por ceñirnos al presente y a nuestro país, es que la forma de acceder al desempeño de la “actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos” no sigue unas pautas de rigurosa preparación de los candidatos a ejercerla, bien sea habiendo cursado los estudios universitarios de Políticas u otra carrera superior, acompañados de práctica y experiencia en “las cosas del gobierno y negocios del Estado”, sino que prima la pertenencia a un partido político y la promoción dentro del mismo.

Así, comenzando por los secretarios generales y dirigentes de los distintos partidos, su selección se produce en unos congresos internos, en los que no suelen triunfar los mejor preparados y con mayor experiencia, y sin que participen candidatos no pertenecientes al partido en cuestión.

Demos un paso más. Cuando en las elecciones, ya sean generales, autonómicas o locales, los ciudadanos votamos a un partido político, lo hacemos a una lista cerrada en la que puede que solo conozcamos al candidato que la encabeza. Esa lista ha sido elaborada por la dirección del partido siguiendo unos criterios que a menudo distan mucho de basarse en la profesionalidad, preparación y méritos de los elegidos, y se tienen en cuenta otras razones, como la fidelidad al jefe, la afinidad, la amistad o incluso el parentesco y el pago de favores.

O sea, que la actividad política se lleva a cabo por quienes militan en un partido político, que son los únicos que, en circunstancias normales, pueden acceder al cargo de presidente del Gobierno, a los puestos de diputados o senadores de las Cortes generales, de los parlamentos autonómicos, de los ministerios centrales o de las consejerías autonómicas, y de alcaldes o concejales de las corporaciones locales.

Por tanto, resumiendo la respuesta a la primera pregunta planteada, la política sí puede ser una profesión y un trabajo. Pero, a diferencia de lo que ocurre en otras profesiones y en otros trabajos, no los ejercen, en general, quienes cuentan con más preparación, experiencia y méritos, sino los que saben medrar dentro de las estructuras endogámicas de los partidos políticos. Solo así se explica que determinados personajes lleguen a desempeñar cargos ajenos a su competencia y conocimientos.

A la segunda pregunta acerca de si los políticos y los partidos en los que militan pueden tener un puesto y una función en el gobierno de tecnócratas que yo defiendo, trataré de contestar en la próxima entrada de este blog.

 

 

 

 

 

 

 

Elecciones del 4-M

 Las palabras y la vida  

Alberto Martín Baró

En la entrada anterior de este blog he comenzado a hablar de Madrid en mi vida y me he remontado a mi ascendencia materna.

Las elecciones regionales celebradas el pasado 4 de mayo me impulsan a interrumpir el relato cronológico de lo que ha significado Madrid en mi vida para comentar lo que tales comicios aportan a mi postura sobre la política y los políticos.

Vaya por delante que, al estar empadronado en El Espinar, pueblo de la provincia de Segovia que, por tanto, pertenece a la Comunidad de Castilla y León, no me correspondía votar en las elecciones del 4-M.

Pero al haber transcurrido la mayor parte de mi vida en Madrid, donde actualmente paso temporadas alternando con estancias en El Espinar, todo lo que tiene que ver con la capital de España me afecta e interesa.

En la entrada de este blog del 18 de marzo, titulada ¡Fuera políticos!, abogaba por la retirada de los políticos a sus casas o anteriores trabajos, si es que han ejercido alguno fuera de la actividad en el partido al que pertenecen, y defendía un gobierno de tecnócratas.

Estas elecciones autonómicas me han confirmado en semejante rechazo de una democracia representativa, en la que la legítima diversidad de ideas y proyectos políticos es sustituida por un enfrentamiento carente de argumentos y plagado de descalificaciones e insultos, cuando no de ataques violentos a los adversarios convertidos en enemigos, entre los defensores de unos partidos políticos más preocupados por sus intereses que por el bien común de los ciudadanos.

Los ciudadanos madrileños han dado una victoria aplastante a Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta en funciones y miembro del Partido Popular, y han relegado a la tercera posición en el Parlamento autonómico al Partido Socialista, representado por Ángel Gabilondo, quien en las elecciones de 2019 había superado en votos y escaños a Díaz Ayuso, pero que no logró gobernar al ser superado por la coalición que configuró la alianza de PP y Ciudadanos.

¿Quiere decir esto que Ayuso cuenta con el apoyo mayoritario del pueblo de Madrid para gobernar sin contar con la oposición y sin ningún tipo de cortapisas? Esto podría ser así dadas la aritmética parlamentaria y la formación de mayorías que, no lo olvidemos, son cambiantes.

A mi juicio, los ciudadanos madrileños han votado, sí, mayoritariamente a Ayuso –más a su persona que al partido de Pablo Casado–, pero en mi opinión su voto ha sido más en contra de la gestión, o más bien la falta de gestión, del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que a favor de Ayuso y del PP.

Escribía Aristóteles en su Política, III, 10, que “En muchas cosas juzga mejor el pueblo que un individuo, quienquiera que sea. Además, la multitud es más incorruptible […] y si un individuo se deja dominar por la ira o por otra pasión semejante, necesariamente se corrompe su juicio; en cambio, es difícil que todos juntos se inflamen en cólera o que pequen”.

Tengan muy en cuenta los líderes políticos que el apoyo que reciben en un momento dado del pueblo soberano puede cambiar si sus hechos no responden a la búsqueda del bien común de las mayorías que los han votado.

Dicho esto, yo también habría votado con la mayoría de los madrileños contra el gobierno de Sánchez y de Iglesias, que se han implicado directamente en la campaña, más Iglesias que Sánchez, pero este también hasta que las encuestas internas, no las que publica Tezanos en el CIS, ya apuntaban al descalabro del PSOE y, por consiguiente, a la derrota de su enfrentamiento personal con Ayuso.

Termino esta entrada con unas preguntas que trataré de responder en un próximo escrito y matizar así mi anterior postura de ¡Fuera políticos! ¿Puede ser la política una profesión y un trabajo? ¿Tienen los políticos y los partidos en los que militan un puesto y una función en el gobierno de tecnócratas que yo propugno?

Madrid en mi vida: ascendencia materna

 Las palabras y la vida  

Alberto Martín Baró

Como tantos otros andaluces, y como tantos otros españoles de las más distintas procedencias, mis abuelos maternos papá Fernando y mamá Luisa –así los llamamos siempre según costumbre de Andalucía– se trasladaron a Madrid, no sabría decir exactamente en qué año de principios del siglo XX. Fernando Baró Zorrilla había nacido en Granada y Luisa Morón Ruiz en Jaén. Tuvieron seis hijos, entre ellos Alicia, mi madre, que nació en 1910 en El Escorial, localidad madrileña donde estuvo ubicada, antes de trasladarse a Madrid capital, la Escuela Superior de Montes, de la que mi abuelo Fernando fue cofundador y profesor durante muchos años.

A la casa de mis abuelos, situada en la calle Ventura Rodríguez, 12, esquina a Martín de los Heros, con trece balcones y un mirador, yo, nacido en Valladolid, fui de adolescente a pasar algunas vacaciones. No las de verano, pues en estas nos turnábamos los nietos para ir a la casa que los abuelos alquilaban en El Espinar, pueblo de la sierra de Guadarrama que tan incomparable papel desempeñaría en mi vida.

De estas mis primeras estancias en la capital guardo escasos y confusos recuerdos, que posiblemente se solapan con los muy numerosos que se han acumulado en sucesivas etapas de mi vida. Sí es seguro que me deslumbró la Gran Vía, con sus cines y teatros, Coliseum, Gran Vía, Capitol, Pompeya, Lope de Vega, Callao, Palacio de la Música, Palacio de la Prensa…, que más tarde frecuentaría con mi mujer.

Mi tía Carmen, que junto con su hermana Julia vivía con los abuelos, me llevaría a misa a los carmelitas de Santa Tere y a pasear por los jardines aledaños, los Jardinillos en el lenguaje coloquial de la familia.

Carmen, que había nacido en Pontevedra, donde se casaron los abuelos en la iglesia de la Peregrina, y Julia, que ya nació en El Escorial, fueron siempre para nosotros sus sobrinos las tías por antonomasia. Carmen se ocupaba de las tareas domésticas y no se casó, aunque tuvo un pretendiente formal que quiso llevársela a América, pero que chocó con la oposición de los abuelos. Julia trabajó en la Comisaría de Abastecimientos y Transportes (CAT), en Carnes, Cueros y Derivados, con la consiguiente broma nuestra, y en Papelera Española. Tampoco se casó, aunque tuvo un acompañante serio y fiel hasta su muerte. Años después de morir los abuelos, las tías vendieron la casa de Ventura Rodríguez, que tan buenos recuerdos guardaba para mí, y compraron otra en el madrileño Parque de las Avenidas, en la avenida de Bruselas, 70. En vísperas de las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, el 2 de mayo de 2021, escribo esta entrada de mi blog en la casa de mi mujer en la avenida de Bruselas, 69.

Carmen y Julia siempre se llevaron muy bien, y solo tuvieron un defecto: el gato Tinito, arisco y arañador con todos los que no fueran sus queridas amas.

No sé por qué soy yo el depositario de los documentos de propiedad de la tumba de los abuelos y de las tías Carmen y Julia en la sacramental de los Santos Justo y Pastor. Tengo pendiente visitar esta sepultura, pero la memoria de aquellos cuyos restos reposan en ella está muy viva en mí.