Las palabras y la vida
Alberto Martín Baró
He consultado en varios medios de comunicación los resultados de las elecciones generales del 23 de julio. En unas tablas, que aquí no voy a reproducir y que el lector puede consultar en internet, figuran los 11 partidos políticos que han obtenido diputados para el Congreso, a saber, por orden de más a menos diputados: PP 137, PSOE 121, Vox 33, Sumar 31, ERC 7, Junts 7, EH Bildu 6, PNV 5, BNG 1, CCa 1, UPN 1. En una tercera columna aparecen los números de votos conseguidos por cada partido, y en una cuarta columna el porcentaje que esos votos representan sobre el total de participantes en dichas elecciones.
Pues bien, me han llamado la atención las notables diferencias que existen en el número de votos que cada partido ha necesitado para alcanzar los escaños obtenidos.
Así el PP, ganador de las elecciones, consiguió 8.091.840 votos, o sea, un 33.05 % de los participantes, lo que se traduce en 137 escaños. Esto significa que cada escaño le ha costado aproximadamente 590.064 votos.
En el caso del segundo partido más votado, el PSOE, para obtener un diputado ha necesitado unos 641.400 votos.
Si trasladamos estas operaciones a ERC, 462.883 votantes, o sea, 1.39 % de los participantes, le han significado 7 escaños, con lo cual cada escaño está avalado aproximadamente por 66.120 votos.
En los tres últimos puestos de la columna de partidos figuran BNG, CCa y UPN, los tres con un escaño, que al BNG le ha costado 152.327 votos, a CCa 114.718 y a UPN 51.761.
Supongo que estas diferencias se explicarán por la Ley D’Hondt, sistema de cálculo proporcional que divide el número de votos emitidos para cada partido entre el número de cargos electos con los que cuenta cada circunscripción. Esta explicación podría valer para aquellos partidos que se presentan por distintas circunscripciones, pero no para el PP y el PSOE que se presentan en una única circunscripción.
Ni siquiera los expertos en la Ley D’Hondt se ponen de acuerdo a la hora de valorar las ventajas y los entresijos de la misma, que yo, por supuesto, nunca he llegado a entender.
Hay quienes opinan que los partidos nacionalistas e independentistas están sobrerrepresentados en el Parlamento español. Otros piensan que en un sistema de circunscripción única los resultados serían similares.
En mi opinión, partidos como ERC, Junts, EH Bildu y BNG, que no han acudido a la consulta del jefe del Estado para comunicarle a qué candidatos a la investidura apoyan, no merecen tener representación en el Parlamento español.
Unas fuerzas políticas que abogan por la destrucción de España como nación indivisible de todos los españoles, que no acatan la Constitución vigente, ellas mismas se excluyen del sistema parlamentario.
Más extraño aún resulta que los dos candidatos a la investidura estén dispuestos a negociar con tales partidos y a concederles exigencias que no está en su mano otorgar sin saltarse la Constitución.
Claro que, después de haber tenido como aliado del Gobierno en la pasada legislatura a un partido comunista, se llame Podemos, o ahora Sumar, tampoco debe extrañarnos que nacionalistas, separatistas e independentistas, que juran su cargo por la república catalana o cualquier otra entelequia, condicionen la vida política española.