Las palabras y la vida
Alberto Martín Baró
Han vuelto los socialistas a plantear como solución a los
problemas que sufre nuestra sociedad el Estado federal. Y lo han hecho no solo
con palabras, sino proponiendo como presidente del Senado al senador Manuel
Cruz Rodríguez, que finalmente ha sido elegido para este cargo por mayoría
absoluta. ¿Y qué tiene que ver este catedrático de Filosofía Contemporánea en
la Universidad de Barcelona con el Estado federal? Pues mucho, ya que es uno de
los fundadores de la asociación Federalistas de Izquierdas, de la que ha sido
presidente y en la actualidad es vocal de honor. Tuve contacto con Manuel Cruz en
1997, siendo yo editor de Santillana y preparando una Historia de la Filosofía,
de la que él fue autor junto a Emilio Lledó, Miguel Ángel Granada y José Luis
Villacañas. Puedo atestiguar que se trata de un filósofo inteligente, aunque
después no he seguido su trayectoria política.
La circunstancia de que Pedro Sánchez le propusiera como
presidente del Senado, la cámara territorial, lleva a pensar que el próximo gobierno
del PSOE intenta de nuevo abrir el debate sobre la reforma de la Constitución
para sustituir el actual Estado de las autonomías por un modelo de organización
federal.
Si a la dificultad conceptual para los ciudadanos de a pie
de entender conceptos como federalismo, federación o Estado federal se añaden
los intereses partidistas y el complicado proceso que supondría abordar una reforma
de la actual Constitución española, dados los complejos trámites y el requerido
consenso de las fuerzas políticas con que nuestra Carta Magna se blinda frente
a posibles cambios, no veo factible ni a corto ni a medio plazo convertir
España en un Estado federal.
El Diccionario Jurídico de la Real Academia Española (RAE)
define Estado federal como “Estado compuesto por diversas unidades
territoriales, dotadas de autonomía política e instituciones de gobierno
comunes a todas ellas, cuya organización, competencias y relaciones
intergubernamentales están regidas por una Constitución como norma suprema de
todo el ordenamiento jurídico”.
En el lema “federación”, la definición se articula en
términos semejantes, con la particularidad de referirse a las diversas unidades
territoriales como Estados o entidades federadas, y poner como ejemplos de
federaciones a los Estados Unidos de América, Alemania, Canadá o México.
Ante estas definiciones es posible que nos preguntemos cuál
es la diferencia entre un Estado federal y nuestro Estado de las autonomías,
unidades territoriales que ejercen competencias en una serie de materias, pero
regidas por una Constitución como norma suprema de todo el ordenamiento
jurídico. Quizá nos encontremos ante una quaestio
de nomine, una cuestión de nombre, y lo que en la Constitución española se
denominan autonomías o comunidades autónomas, en una federación serían llamadas
Estados o entidades federadas.
Suele aducirse como característica de las federaciones el
hecho de que se constituyeron mediante la unión de anteriores Estados soberanos
o entidades que decidieron unirse en una organización común, cediendo parte de
sus atribuciones, pero sin renunciar a su soberanía. Así, el Diccionario
Jurídico de la RAE define el término “federalismo” como “Ideología que promueve
la creación de una federación con el objetivo de unir Estados independientes
bajo una Constitución federal común, o para descentralizar un Estado
centralizado creando en su seno varios Estados o territorios federados”.
Está claro que en España no se dan esos Estados
independientes que deciden unirse bajo una Constitución federal común. Y si nos
atenemos a la segunda finalidad contemplada en la citada definición,
“descentralizar un Estado centralizado”, las Comunidades autónomas españolas
ejercen competencias de las que no gozan, o padecen, por ejemplo, los Länder de
Alemania.
El principal objetivo de la asociación Federalistas de
Izquierdas es impulsar una reforma constitucional para que España se articule
como un Estado plenamente federal. Ya he mencionado las dificultades de todo
tipo que entraña tal reforma. Pero, desde el plano de los principios, con los
que se puede estar de acurdo, no se desciende, como la misma asociación
propugna, a una delimitación clara de las competencias en cada nivel de
gobierno con el objeto de evitar duplicidades.
Y no me parece acertado el calificativo “de Izquierdas”, que
ya de entrada puede suscitar el rechazo de las derechas, a pesar de la
declarada voluntad de la asociación de respetar las opciones políticas
defendidas por los partidos con representación parlamentaria.
Si a esta adscripción a la izquierda se une, lo que no hacen
los Federalistas de Izquierdas, la denominación de “federalismo asimétrico” que
sí usan otros defensores socialistas de esta forma de organización territorial,
el agravio de las comunidades no privilegiadas está servido.
Por último, no creo que la solución federal convenza a los
separatistas, empeñados en su república independiente como único y reiterado
objetivo de toda su actuación política.