Las palabras y la vida
Alberto Martín Baró
Nunca
deberíamos olvidar las consecuencias más trágicas de la DANA, las 227 víctimas
mortales, los cuerpos aún no hallados de las personas desaparecidas y los
incontables destrozos en viviendas, negocios, enseres, carreteras y vehículos.
Sin
embargo, desde el punto de vista de las responsabilidades políticas, tampoco
hay que pasar por alto tres lecciones que la DANA nos ha dado.
La
primera es la calamitosa actuación de los políticos responsables de prevenir
los daños de la DANA y, una vez producidos, remediarlos. La acusación pesa
tanto sobre el Gobierno central, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza,
como sobre el Gobierno autonómico, con el presidente Carlos Mazón al frente.
Las
responsabilidades se extienden también a los ministros del gabinete de Sánchez,
implicados de una manera o de otra, en los catastróficos sucesos de la DANA,
como son la ministra de Defensa, el ministro de Interior y la ya exministra
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Una
frase del presidente del Gobierno en su comparecencia cinco días después de la
DANA quedará para la historia de la infamia tratando de descargar todo el peso
de la catástrofe valenciana en el Gobierno autonómico: “Quien quiera ayuda, que
la pida”.
No
menos infame y cobarde fue la actuación de Pedro Sánchez en su visita del 3 de
noviembre, acompañando a los Reyes y al presidente Mazón, a Paiporta, donde los
vecinos del pueblo recibieron a la comitiva con gritos de “¡Asesinos!”. Pedro
Sánchez creyó más oportuno abandonar el pueblo en su coche oficial y luego
acusar a la ultraderecha de los daños producidos al vehículo. Mientras, los Reyes
se solidarizaban y se abrazaban con las víctimas de la tragedia.
El
Ejército, del que es responsable la ministra de Defensa Margarita Robles, tardó
tres días en llegar al lugar de la tragedia. Y Robles sólo hizo acto de
presencia en un sótano inundado de Paiporta el 11 de noviembre para abroncar a
los afectados: “Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa”.
El
ministro de Interior, responsable de la Guardia Civil y la Policía Nacional,
asiste el 2 de noviembre a la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación
Operativo Integrado), sin que conste su visita a los lugares dañados.
Pero,
con mucho, la principal responsable de los mayores daños causados por la DANA
en Valencia, después del presidente del Gobierno central, es Teresa Ribera,
exministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pues de ella
dependía la Cuenca Hidrográfica del Júcar, a su vez encargada de las obras de
canalización y limpieza del barranco del Poyo, que nunca se llevaron a cabo.
Mientras, Teresa Ribera estaba ausente, ocupada en preparar su candidatura a
comisaria de la Unión Europea.
La
segunda lección que debería extraerse de la DANA de Valencia es la necesidad de
que el presidente del Gobierno de España y los ministros con él responsables de
no haber puesto los medios necesarios para prevenir y remediar los daños
presenten su dimisión irrevocable, independientemente de las responsabilidades
penales que puedan derivarse de su actuación antes y después de la catástrofe
valenciana, e independientemente también de las consecuencias judiciales de los
casos de corrupción que afectan a la cúpula socialista.
La
tercera lección de la DANA atañe a la Comunidad Autónoma valenciana y a su
gobierno que por supuesto deberá dimitir en cuanto haya puesto en marcha la
reconstrucción de la zona afectada.
Pero,
a mi juicio y el de muchos españoles, esta catástrofe ha puesto de manifiesto la
inutilidad de la organización de España en autonomías que no sólo no resuelven
los problemas estructurales y operativos del gobierno de la nación, sino que
los agravan. España, aunque la Constitución aún vigente (?) las ampare, no
puede permitirse la sangría económica que suponen 17 Gobiernos autonómicos, 17
Parlamentos, 17 Tribunales Superiores de Justicia y el maremágnum de
estructuras y órganos superfluos.
Para
una relación más estrecha de los ciudadanos con la Administración bastarán los
Ayuntamientos, sobrando también las Diputaciones y otros organismos que sólo
sirven para colocar a personas del color político del partido gobernante.
Abogo,
y conmigo más de un 50 % de los ciudadanos según algunas encuestas, por
preguntar en referendo a los españoles si son partidarios de la actual organización
del Estado en Comunidades Autónomas, o bien de reformarlas, o de suprimirlas.