La Ley Trans

 Las palabras y la vida 

Alberto Martín Baró

La Ley Trans es como se conoce abreviadamente la “Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”.

O sea, que en las informaciones y en los debates que han llegado al público se pone el acento en lo concerniente a las personas trans, mientras que se pasan por alto o se dan por supuestos los derechos de las personas LGTBI.

No tengo muy claro que la mayoría de la gente sepa lo que significa la sigla LGTBI. Esta sigla comenzó siendo LGTB, o sea, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Pero se alzaron protestas de quienes no se consideraban representados por ninguna de estas categorías y se propuso ampliar la sigla con las letras I, intersexual, o sea, que presenta conjuntamente caracteres sexuales masculinos y femeninos, Q, queer, de género no definido, y A, asexual.

En cualquier caso, la Ley Trans se limita a las “Políticas públicas para personas LGTBI”, como reza el Capítulo II del Título I de la Ley. A las personas Q, de género no definido, y A, asexuales, la Ley no las tiene en cuenta. El Título II está dedicado a las “Medidas para la igualdad real y efectiva de las personas trans”.

Yo, qué quieren que les diga, soy más de defender los sexos tradicionales, hombre y mujer, reservando el género a las categorías gramaticales, masculino, femenino y neutro.

Por mi formación clásica, sé que el término lesbianas proviene de Lesbos, en la antigua Grecia, donde ya hubo mujeres atraídas sexual o afectivamente por otras mujeres. Y, aunque no se llamaran gays, la predilección de varones griegos y romanos por efebos está asimismo atestiguada al menos desde aquellos tiempos. Otras variantes de la “identidad de género” son más recientes, o al menos han salido a la luz en tiempos modernos.

La Ley sostiene las políticas públicas para promover la igualdad efectiva de las personas LGTBI y las medidas para la igualdad real y efectiva de las personas trans, basándose en numerosas legislaciones internacionales y nacionales.

Pero la medida que más polémica ha suscitado, incluso entre partidarios del PSOE, ha sido la norma que avala el cambio de sexo en el registro civil sin informes médicos ni tratamientos, a saber, la llamada “autodeterminación de género”. Un sector feminista teme que la autodeterminación de género puede suponer “un borrado de las mujeres” y dañar la lucha por la igualdad. Entre las socialistas más críticas con esta medida se encuentra la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo.

Otra norma de la Ley Trans que también ha suscitado rechazo en amplios sectores, no solo del centroderecha, sino también de la izquierda, es el cambio de sexo en el registro de forma autónoma desde los 16 años y de los menores entre los 14 y los 16 años asistidos por sus padres o tutores legales, mientras que los menores de 12 y 13 años necesitarán autorización judicial para el cambio.

Hay una tendencia en toda esta legislación de la Ley Trans, que provoca rechazo en amplias capas de la población, y es la postergación de la naturaleza biológica en favor de la propia voluntad y decisión, a menudo mal informada.

Quienes defienden lo natural en el medio ambiente, lo que debe ser aplaudido, relegan hasta extremos inauditos los caracteres de la sexualidad biológica. Y no tienen en cuenta que la mayor diferencia entre hombres y mujeres es su sentido de la identidad sexual, que a su vez se relaciona con mecanismos neurológicos que dan lugar a comportamientos distintos en los dos sexos.

Pues ¡que viva la diferencia!

 

 

 

 

 

 

 

Porcentajes, millones y siglas

 Las palabras y la vida 

Alberto Martín Baró

Con motivo de la inflación, que padecemos, y de los Presupuestos Generales del Estado, que padeceremos, el Gobierno, los políticos y los medios de información se empeñan en hablarnos en porcentajes, millones y siglas.

La inflación, o sea, según el Diccionario de la Real Academia, la “Elevación del nivel general de precios”, ha intensificado la costumbre, que viene de atrás, de expresar en porcentajes o tantos por ciento esa subida de precios, y muy en particular del índice de precios al consumo, a saber del IPC. Lo ven, una sigla. Y si me pilla distraído y el informador de turno no se toma el trabajo de desglosarla, pues que no me entero.

Como no me entero cuando me dicen que el IPC ha subido en septiembre de 2022 un 9,0% de acuerdo con el indicador elaborado por el INE. La información de donde tomo este dato da por supuesto que todos sabemos así de pronto que las siglas INE corresponden al Instituto Nacional de Estadística. Y tampoco yo averiguo por esa noticia de si la subida del 9,0% es muy elevada, o normal, y cuánto representa en cifras absolutas.

Con frecuencia datos de este tipo se acompañan de unas gráficas que muestran la evolución en meses y años anteriores de la subida en cuestión, pero de nuevo en porcentajes. ¿Acabarán de una vez diciéndonos a cuánto asciende en números absolutos tal elevación?

A mí me gustaría saber cuánto me cuesta en septiembre de 2022 media docena de huevos, que es la cantidad que suelo comprar, en comparación con lo que me costaba el mes o los meses anteriores. Me dirán que eso ya lo sé por propia experiencia sin que me lo digan los estadísticos. Vale. Pero entonces sus informes no me sirven de nada, si no me permiten comparar lo que yo experimento con lo que experimenta la gente a nivel nacional.

Si me interesa saber a cuántas personas ha llegado el IMV en determinada fecha, no me basta con que me digan que se ha beneficiado de él tal porcentaje de hogares o personas, sino a cuántos hogares y a cuántas personas. Y eso después de aclararme que IMV son las siglas del ingreso mínimo vital, una prestación del INSS, o sea, del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Vayamos ahora a los millones. En los Presupuestos Generales del Estado se barajan cifras millonarias que al ciudadano corriente como yo le dejan frío. Si ya me cuesta saber qué significa en comparación con mi exigua economía la cantidad pongamos de 750.000 euros, los cientos o miles de millones, por ejemplo, de los fondos europeos, o de lo que prevé recaudar el Estado a golpe de impuestos, no tienen comparación posible con los números que manejamos el común de los mortales.

Lo que sí tiene experimentado cualquier ama o amo de casa es que, si los gastos superan a los ingresos, la ruina está garantizada. Por eso, la descomunal deuda pública del Estado español, aunque el dato de que alcanzó en el primer trimestre de 2022 un 117,4% del PIB (por favor, producto interior bruto) no nos diga gran cosa, como tampoco las cifras absolutas de 1.491.447 millones de euros, nos dejan claro que España está en quiebra.

A ver cuál es el Gobierno guapo que le pone el cascabel al gato.

 

 

 

 

 

 

Independencia del poder judicial

 Las palabras y la vida 

Alberto Martín Baró

Estamos acostumbrados a que, cuando se habla de jueces y magistrados, se les adscriba a alguna de las asociaciones judiciales existentes, como la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente.

Las asociaciones mayoritarias, y los jueces y magistrados que a ellas pertenecen, suelen tener un carácter conservador o progresista. Nada impide a los miembros del poder judicial pertenecer a una de tales asociaciones, mientras que el Artículo 127 de la Constitución prohíbe expresamente a jueces y magistrados, mientras estén en activo, ingresar en partidos políticos y sindicatos.

Todos conocemos a jueces y magistrados de ideas socialistas o de derechas, por usar una terminología que necesitaría ser matizada, pero que a grandes trazos me sirve para lo que quiero expresar. Y es que, como cualquier ciudadano, un juez y un magistrado son muy libres de profesar las ideas políticas que mejor cuadren con sus principios y mentalidad, siempre y cuando respeten el Artículo 117 de la Constitución, que reza así:

“La justicia emana del pueblo y es administrada en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley”.

Ahora bien, difícilmente podrán jueces y magistrados ser “independientes” y “sometidos únicamente al imperio de la Ley”, si su nombramiento y promoción dependen de uno u otro de los partidos políticos mayoritarios.

¿Por qué muestran los líderes de dichos partidos políticos, y muy especialmente cuando han alcanzado el poder al frente del Gobierno de la nación, un tan manifiesto interés en que los nombramientos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sean de su atribución? Si tuvieran la convicción y la experiencia de que ningún juez, magistrado o fiscal se presta a las injerencias y presiones del poder ejecutivo, del legislativo o de la oposición, dejarían, como ha demandado la Unión Europea, que fueran los propios jueces los que eligieran y nombraran a los integrantes de las altas instituciones de la judicatura, guiados por criterios de valía profesional.

Hay otra cuestión respecto a la independencia de jueces y magistrados, que quizá sea de carácter más teórico. Le planteaba yo a un magistrado que fue del Tribunal Supremo la siguiente pregunta: ¿Cómo puede ser independiente el poder judicial si jueces y magistrados tienen que aplicar las leyes emanadas del poder legislativo?

A lo que mi interlocutor me contestó que toda ley se presta a una interpretación que depende del buen juicio y de la talla intelectual y moral del jurista en cuestión.

O sea que, a fin de cuentas, la independencia del poder judicial frente al legislativo se basa en la valía ética y profesional de las personas que ostentan ese poder.

Lo cual podría ampliarse a la famosa separación de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, base según Montesquieu del Estado de derecho y de la democracia: esta separación funcionará si quienes ejercen tales poderes demuestran independencia y honestidad en el ejercicio de sus funciones.

 

 

 

 

 

 

Mi nómina incompleta de periódicos y periodistas

 Las palabras y la vida 

Alberto Martín Baró

Comienzo esta entrada de mi blog sin saber a ciencia cierta sobre qué escribir. He leído, como todos los días, el periódico en papel ABC a ver si alguna noticia o algún artículo me inspiraba.

Vengo advirtiendo desde hace tiempo que muchos columnistas compiten en un denodado esfuerzo por ser originales, por dar a su escritura un aura de esoterismo, o manejar claves que al lector corriente como yo le son desconocidas. Con lo cual he dejado de leer a bastantes articulistas a los que no entiendo. Es posible que la causa esté en mi ignorancia o desinformación. Pero ¿por qué no informan previamente de lo que luego comentan? Dan por supuesto que todos estamos enterados de ciertos entresijos y personajes de la actualidad.

Autores que antes colaboraban con ABC dejaron de hacerlo, por causas que no siempre han aclarado, y actualmente firman artículos de opinión en El Debate, diario digital que dirige quien fuera director de ABC, el periodista gallego Bieito Rubido. Entre estas firmas suelo leer con aprovechamiento y deleite a Alfonso Ussía, Luis Ventoso y Ramón Pérez-Maura.

En ABC siguen contando con mi lectura más o menos asidua Ignacio Camacho, José María Carrascal, Isabel San Sebastián, Pedro G. Cuartango y Gabriel Albiac.

También frecuento otro periódico, Libertad Digital, que, como su nombre indica, no se edita en papel. En su nómina de articulistas más o menos habituales suelo leer a Emilio Campmany, José García Domínguez, Cristina Losada, Pablo Planas, Pablo Molina, Carmelo Jordá, Cayetano González, Zoé Valdés y Jesús Laínz.

Mientras escribía esta relación incompleta de periodistas y periódicos que leo, me llega la noticia del fallecimiento de Juan Jesús María, al que todos conocíamos como Chuso, editor del Periódico de El Espinar desde hace 26 años. Estaba yo a punto de mandarle mi habitual colaboración para dicho periódico, cuando mi yerno me comunica la muerte de este incansable y entusiasta promotor de la cultura en El Espinar. Formaba parte de El Puntillo Canalla, era el alma del Festival de Música en la Calle, FEMUKA, y colaboraba con el Centro de Iniciativas Turísticas, entre otras múltiples actividades.

Me llama desolada Elisabet Michot, fundadora y presidenta de Música para Salvar Vidas, que tenía en Chuso a un colaborador todo terreno para su obra en favor de los huérfanos de Uganda, y muy en especial en lo relacionado con las actuaciones del conjunto vocal Aba Taano.

Y tanto ella como todos los que le conocimos y trabajamos con él le apreciábamos como amigo.

Querido Chuso, ya te echamos de menos. Descansa en paz.

 

 

 

 

Palabras, palabras, palabras

 Las palabras y la vida 

Alberto Martín Baró

Tanto en mis artículos para la prensa, como en mis libros publicados y en las entradas de mi blog, me he interesado por las palabras, por sus significados y por el uso que hacemos de ellas.

De 2012 data la edición de Cómo hablamos y escribimos, libro en el que trato de los usos del lenguaje, o sea de las palabras, y de su evolución. Y el último de mis libros, que vio la luz en el año 2020, lleva por título Las palabras y la vida, que era también como se llamaba mi sección semanal en las páginas de Opinión de El Adelantado de Segovia durante más de 15 años.

A mi afición por los crucigramas, que sigo cultivando, se ha unido recientemente un nuevo juego, que me descubrió mi dentista y al que se accede por internet con el nombre de “Wordle español hoy”. Se puede jugar en cuatro modalidades: normal, modo tildes, modo científico y modo contrarreloj. En cualquiera de ellas hay que acertar con la palabra propuesta llenando con letras los recuadros en blanco del puzle sin sobrepasar el número de líneas de cada modalidad. Cuando aciertas una letra, esta aparece en amarillo si no está en su sitio y en verde si lo está. Las letras que aparecen en gris oscuro no pertenecen a la palabra que hay que acertar, por lo que deben descartarse.

Jugar con las palabras es, según los especialistas, una buena forma de mantener, e incluso de aumentar, la agilidad mental, la memoria, la capacidad de prestar atención y el conocimiento del vocabulario y del lenguaje.

Las palabras tienen una triple función principal: nombrar seres animados o inanimados, ser vehículo de todo tipo de significados y comunicarnos las personas.

En un hermoso capítulo del Génesis (2, 18-20), Dios Creador concede al primer hombre el don de poner nombre a todos los animales.

Más de una vez, al leer en los prospectos o escuchar en anuncios de la televisión, los nombres de medicamentos que muchos tomamos o usamos, desde los antiguos Aspirina, Optalidón, Primperán, Orfidal, Serc…, hasta otros más recientes, Paracetamol, Ibuprofeno, Omeprazol, Enalapril, Anlodipino, Bisoprolol, Trajenta, Arimidex, Lorazepán, Voltarén…, me he preguntado si tienen algún significado.

En mi ignorancia, le hice esta pregunta a una farmacéutica amiga.

–No significan nada. Les ponen esos nombres en los laboratorios o en las empresas farmacéuticas.

En cambio, los productos de herbolario, que yo prefiero a las medicinas, sí llevan los nombres de las sustancias que contienen: Propóleo, Equinácea, Melatonina, Maca, Luteína…

Pero la verdad es que, en resumidas cuentas, todos los nombres son arbitrarios. ¿Por qué llamamos perro al perro, águila al águila y rana a la rana?

Y, si en muchos casos los nombres tienen su origen en el griego o en el latín, al final también esas palabras griegas o latinas fueron asignadas de forma arbitraria a los seres o realidades que designan. ¿Por qué los romanos llamaron ‘aquila’ a esta majestuosa rapaz?

Se me ocurre, a manera de excepción, el nombre de mi pájaro preferido, el petirrojo, que sí responde a una característica de esta preciosa y sociable avecilla, el pecho rojo. Pero, de nuevo, ¿por qué llamamos rojo a este color de la escala cromática?

Así que, al final, todos los nombres son arbitrarios. Palabras, palabras, palabras.