Donald Trump y Vladimir Putin, árbitros del nuevo orden mundial

 Las palabras y la vida  

Alberto Martín Baró

Nunca me ha caído bien Donald Trump. Ni me hacen gracia la gorra y el ridículo bailecito con que adorna algunas de sus apariciones públicas.

Pero esto carecería de importancia frente a su trayectoria de delitos que culminaron en el asalto al Capitolio con que espoleó a sus seguidores al no aceptar la victoria en las urnas de su adversario demócrata Joe Biden.

Ha tenido que acudir en su auxilio el pueblo norteamericano con una aplastante mayoría en las últimas elecciones para que el puesto de presidente de los Estados Unidos permita a Trump hacer tabula rasa de su carrera criminal y la de algún cercano pariente.

Tanto sus primeras declaraciones como las decisiones que ha tomado al llegar a la Casa Blanca trastocan, a mi juicio, la postura tradicional de Estados Unidos en sus relaciones internacionales, y muy en especial con respecto a Europa y a la Unión Europea, que deja de estar amparada por la protección del “amigo norteamericano”, el principal miembro de la OTAN.

Con un vocabulario que para sí quisiera el protagonista de un western, ha reclamado el dominio de Groenlandia, desdeñando al Gobierno danés, anexionarse Canadá como un Estado más de los Estados Unidos y hacer efectiva la propiedad del Canal de Panamá.

Una de sus promesas electorales más reiteradas ha sido la de acabar con la guerra de Ucrania, propósito laudable si no fuera por ir envuelto en una serie de mentiras o desinformaciones y, lo que es más grave, por dejar fuera de las negociaciones de paz al presidente Zelenski y tratar directamente con Putin las condiciones de una paz que convierte al agresor e invasor en principal pacificador.

La sonrisa de Putin se extiende de oreja a oreja. Quienes creíamos que era un dictador y el responsable de la invasión de Ucrania tendremos que tragar con las ruedas de molino que estos dos fautores del nuevo orden mundial, Donald Trump y Vladimir Putin, nos imponen.

¿Y los países de Unión Europea qué hacen frente a esta coalición de los dos líderes más poderosos del mundo y la amenaza de Trump de gravar con aranceles las exportaciones de Europa a Estados Unidos?

Pues poner los tapones pegados a las botellas de plástico para que no se caigan al suelo y lo contaminen.

De la cuestión lingüística a la presencia de independentistas en el Congreso español

 Las palabras y la vida 

Alberto Martín Baró

Me ha causado lógica satisfacción la noticia de que la Comunidad Valenciana informaba a los padres cómo elegir entre el castellano y el valenciano para la enseñanza de sus hijos.

Elección que debería ser algo obvio para las familias, un derecho garantizado por la Constitución española.

No obstante, en Cataluña sigue sin hacerse efectivo el 25 % de la enseñanza en castellano que prescriben las sentencias, confirmadas por el Tribunal Supremo de la Generalidad.

La persecución del castellano por las autoridades catalanas en numerosos ámbitos de la vida cotidiana, hasta por ejemplo la rotulación de los comercios, contrasta con la utilización mayoritaria del castellano por la población.

Existe desde hace años una presión del gobierno de la Generalidad a las autoridades españolas para que el catalán sea reconocido como lengua oficial de la Unión Europea. En España hablan catalán unos 8,8 millones de personas.

Me parece legítimo el afán de las autoridades de la Generalidad para que se reconozca a la población catalanohablante.

Lo que no considero razonable es la preferencia del Gobierno de Pedro Sánchez por el reconocimiento del catalán frente a otras lenguas cooficiales en España, como el vasco o el gallego. Preferencia que sin duda es el pago al apoyo de Junts y de Esquerra a la permanencia de Pedro Sánchez en La Moncloa.

Dando un salto desde la cuestión lingüística a la presencia de las agrupaciones independentistas, tanto catalanas como vascas, en el Parlamento mal llamado español, no se me alcanza qué papel desempeñan en el Congreso de los Diputados y en Senado de España los representantes de unas fuerzas contrarias a la unidad de la nación española. Encima cobrando del dinero de los contribuyentes españoles.

Semejante anomalía solo se explica por el espurio interés de Pedro Sánchez por seguir al frente de un Gobierno que, desde su llegada a La Moncloa, no ha hecho otra cosa que trabajar en su exclusivo interés, en el de sus familiares más cercanos y en el de un PSOE que ha abandonado toda defensa de sus siglas, Socialista, Obrero y, sobre todo, Español.

 

La debacle de Vox

 Las palabras y la vida

Alberto Martín Baró

Hay quienes ya celebran la debacle de Vox después del abandono de Juan García-Gallardo, que renuncia a su puesto de vicepresidente de la Junta de Castilla y León, haciendo duras críticas al núcleo dirigente del partido, incluido su presidente José Abascal.

Este abandono se suma a las salidas del partido de otros miembros importantes como los fundadores Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, y la ruidosa marcha de Macarena Olona.

Al mismo tiempo, las encuestas coinciden en vaticinar el crecimiento de Vox, que cuenta en la actualidad con 33 escaños después de haber obtenido 52 diputados en las elecciones generales de 2019, su mejor resultado.

¿Quiero decir con estos datos que en los partidos políticos no importan sus miembros dirigentes?

Sí importan, pero no tanto como las ideas que defienden. Y, en este sentido, Vox tiene la ventaja, frente al PSOE de Pedro Sánchez y al PP de Alberto Núñez-Feijoo, de la lealtad a su ideario:

“Nuestro proyecto se resume en la defensa de España, de la familia y de la vida, en reducir el tamaño del Estado, garantizar la igualdad entre los españoles y expulsar al Gobierno de la vida privada”.

¿Cuál de las ideas de Pedro Sánchez, si es que se le puede atribuir alguna, ha sobrevivido a sus continuos “cambios de opinión”?

El progresismo, del que tanto él como sus seguidores de izquierda alardean, no es más que una etiqueta vana, que no se concreta en ninguna mejora de la vida de los ciudadanos.

Cuando a Pedro Sánchez se le llena la boca alardeando del crecimiento del PIB de España, de que la “economía va como una moto” o “como un cohete”, ¿en qué se traduce en la gente de a pie, que no puede llegar a fin de mes, o en los jóvenes, que no pueden abandonar la casa de sus padres, ni alquilar y menos aún comprar una vivienda?

Ha hecho fortuna el término “sanchismo” para definir el proyecto e ideario del PSOE de Pedro Sánchez. Yo reto a los que utilizan este término a que detallen en qué se traduce en mejoras de la vida concreta de la gente.

El único proyecto de Pedro Sánchez es permanecer en el poder al frente del Gobierno y dormir en La Moncloa. Y la única preocupación de sus ministros y seguidores del PSOE es conservar sus prebendas.

Que fuera hace mucho frío para quienes nunca han trabajado fuera de la agencia de colocación de la PSOE.

 

Garantismo

 Las palabras y la vida

Alberto Martín Baró

¿Podría usted, sufrido lector, precisar así de pronto quíén fue el Tito Berni? Yo he tenido que consultar en Google para averiguar el nombre de este personaje, que es Juan Bernardo Fuentes Curbelo, y los cargos de los que presuntamente se le acusa, a saber, cohecho, falsedad documental, blanqueo de dinero, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal.

Y, sin embargo, no hace tanto tiempo que el conocido como Tito Berni era diputado en las legislaturas VIII y XIV desde el año 2019. El caso está siendo llevado por la jueza María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres del juzgado de instrucción de Santa Cruz de Tenerife.

Pues bien, el tal investigado se encuentra en libertad, a pesar del riesgo de destrucción de pruebas. Aquí es donde yo quería llegar en este blog: el garantismo que nuestro sistema judicial brinda a cualquier ciudadano apoyando la tutela de las garantías constitucionales frente a posibles abusos por parte del poder público.

O sea, en términos más sencillos, el derecho de todo inculpado o investigado a contar con una defensa que le garantice un proceso justo.

Suele acusarse a la justicia de ser lenta. Los juicios se dilatan en el tiempo. Y está bien que así sea, siempre que se evite la indefensión del procesado.

Hay, no obstante, un caso que se remonta a los años 2000 y 2009, cuando más de 100.00 andaluces afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) y no pudieron acceder a ayudas debido a la falta de libre concurrencia y bases reguladoras.

Los ERE supusieron para las arcas públicas de Andalucía una pérdida de 679 millones de euros, de los que sólo se recuperaron 23.

Pues bien, todos los condenados por el caso de los ERE, tanto por la Audiencia Provincial de Sevilla como más tarde por el Tribunal Supremo, están hoy en libertad. Y los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por diversas razones, nunca llegaron a entrar en prisión.

Sus condenas fueron anuladas el 16 de julio de 2024 por el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido, convertido de facto en tribunal de casación.

En el Congreso Federal del PSOE de Pedro Sánchez, celebrado en Sevilla los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2024, los dos expresidentes fueron ovacionados como héroes sin tacha: “Gracias, Manolo, gracias, Pepe”.

Esto no es garantismo, esto es una burla a la justicia, que se había pronunciado a las claras tanto en la Audiencia Provincial de Sevilla como en El Tribunal Supremo,