Las palabras y la vida
Alberto Martín Baró
Con
motivo de la inflación, que padecemos, y de los Presupuestos Generales del
Estado, que padeceremos, el Gobierno, los políticos y los medios de información
se empeñan en hablarnos en porcentajes, millones y siglas.
La
inflación, o sea, según el Diccionario de la Real Academia, la “Elevación del
nivel general de precios”, ha intensificado la costumbre, que viene de atrás,
de expresar en porcentajes o tantos por ciento esa subida de precios, y muy en
particular del índice de precios al consumo, a saber del IPC. Lo ven, una
sigla. Y si me pilla distraído y el informador de turno no se toma el trabajo
de desglosarla, pues que no me entero.
Como
no me entero cuando me dicen que el IPC ha subido en septiembre de 2022 un 9,0%
de acuerdo con el indicador elaborado por el INE. La información de donde tomo
este dato da por supuesto que todos sabemos así de pronto que las siglas INE
corresponden al Instituto Nacional de Estadística. Y tampoco yo averiguo por
esa noticia de si la subida del 9,0% es muy elevada, o normal, y cuánto
representa en cifras absolutas.
Con
frecuencia datos de este tipo se acompañan de unas gráficas que muestran la
evolución en meses y años anteriores de la subida en cuestión, pero de nuevo en
porcentajes. ¿Acabarán de una vez diciéndonos a cuánto asciende en números
absolutos tal elevación?
A
mí me gustaría saber cuánto me cuesta en septiembre de 2022 media docena de
huevos, que es la cantidad que suelo comprar, en comparación con lo que me
costaba el mes o los meses anteriores. Me dirán que eso ya lo sé por propia
experiencia sin que me lo digan los estadísticos. Vale. Pero entonces sus
informes no me sirven de nada, si no me permiten comparar lo que yo experimento
con lo que experimenta la gente a nivel nacional.
Si
me interesa saber a cuántas personas ha llegado el IMV en determinada fecha, no
me basta con que me digan que se ha beneficiado de él tal porcentaje de hogares
o personas, sino a cuántos hogares y a cuántas personas. Y eso después de
aclararme que IMV son las siglas del ingreso mínimo vital, una prestación del
INSS, o sea, del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Vayamos
ahora a los millones. En los Presupuestos Generales del Estado se barajan cifras
millonarias que al ciudadano corriente como yo le dejan frío. Si ya me cuesta
saber qué significa en comparación con mi exigua economía la cantidad pongamos
de 750.000 euros, los cientos o miles de millones, por ejemplo, de los fondos
europeos, o de lo que prevé recaudar el Estado a golpe de impuestos, no tienen
comparación posible con los números que manejamos el común de los mortales.
Lo
que sí tiene experimentado cualquier ama o amo de casa es que, si los gastos
superan a los ingresos, la ruina está garantizada. Por eso, la descomunal deuda
pública del Estado español, aunque el dato de que alcanzó en el primer
trimestre de 2022 un 117,4% del PIB (por favor, producto interior bruto) no nos
diga gran cosa, como tampoco las cifras absolutas de 1.491.447 millones de
euros, nos dejan claro que España está en quiebra.
A
ver cuál es el Gobierno guapo que le pone el cascabel al gato.
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