Las palabras y la vida
Alberto Martín Baró
Todos los partidos políticos, en cuanto alcanzan el poder
de gobernar una nación, tratan de poner el sistema público educativo al
servicio de sus intereses, no de los intereses de los ciudadanos a los que
dicen representar.
La educación corre así el riesgo de convertirse en un
medio de adoctrinamiento de los alumnos de acuerdo con la ideología del partido
gobernante. ¿Es entonces imposible un pacto por la educación que no estuviera
sujeto al vaivén de los cambios de gobierno y que atendiera a los aspectos
esenciales que deben configurar el sistema educativo en un país moderno y
democrático?
Lo que ha ocurrido esta misma semana con la ruptura del
acuerdo alcanzado por el PP y el PSOE para la renovación del Consejo General
del Poder Judicial puede arrojar luz sobre la deseada independencia tanto de
este órgano como de la educación en España.
En principio, que los partidos políticos que en teoría
representan la voluntad popular elijan a los jueces integrantes del órgano que
los gobierna no debería atentar contra la independencia del poder judicial. A
fin de cuentas, los jueces, magistrados y fiscales en el ejercicio de sus
funciones deben aplicar las leyes y esas leyes han emanado del poder
legislativo que conforman los parlamentarios elegidos por los ciudadanos.
Pero la separación de poderes necesaria en una democracia
está amenazada por dos circunstancias. La primera radica en las propias
asociaciones profesionales de la judicatura, que se califican a sí mismas de
progresistas o conservadoras. Los jueces, a título privado, son muy libres de
tener unas ideas políticas determinadas, de votar a uno u otro partido, pero en
el ejercicio de su profesión y a la hora de juzgar y dictar sentencias deben
observar una estricta neutralidad. Si ya de entrada están etiquetados como de
derechas o de izquierdas, un ciudadano que vota al PP no querrá ser juzgado por
un juez afín al PSOE, y viceversa. Y no digamos si se trata de jueces o
fiscales que entran a formar parte del gobierno. ¿Sería imparcial el juez
Marlasca si tuviera que juzgar a su compañera de gabinete Dolores Delgado? El
segundo peligro que corre la independencia judicial reside en los partidos
políticos que, de una manera más o menos declarada, tratan de que las causas
penales que afectan a sus miembros o a sus intereses partidistas, se resuelvan
a su favor. El ya famoso whatsapp del senador popular Ignacio Cosidó,
jactándose de controlar la Sala Segunda del Supremo desde detrás, no hace sino
poner de manifiesto el afán de control del poder judicial, no solo por el PP,
sino por todo partido político.
En la educación sucede algo similar. Según la
Constitución Española, “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de
la personalidad humana” (art. 27.2). Ahora bien, en una sociedad plural como la
española en la actualidad, hay diversidad de opiniones sobre en qué consista
“el pleno desarrollo de la personalidad humana”. Así, por fijarnos en el
ejemplo de la religión en la escuela, siempre objeto de controversia, según los
defensores de la enseñanza religiosa esta es imprescindible para tal
desarrollo, mientras que otros opinan que la religión no debería ser de oferta
obligatoria en los centros educativos públicos. Así, en las Propuestas para la
modificación de la Ley Orgánica de Educación avanzadas por el Gobierno
socialista de Pedro Sánchez, se deja de considerar la Religión como materia
específica en 1.º y 2.º de Bachillerato, mientras que la Educación en valores
cívicos y éticos será obligatoria en un curso de Primaria y otro de Secundaria
aún por determinar.
Del mismo modo, nuestra Constitución avala el derecho de
los padres para dar a sus hijos “la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones” (art. 27.3). Pero, de nuevo, se entabla
la discusión sobre cuáles son las convicciones predominantes de los padres. En
el presente curso escolar, alrededor de un 64 % de los alumnos han solicitado
la clase de religión. Esta demanda social, en la que se basa la existencia de
centros concertados, es eliminada en la propuesta socialista de reforma de la
ley de educación.
Como en el caso de los jueces, los profesores, principal
pilar en el que se sustenta la educación y que ha sido lamentablemente
desatendido en dicha propuesta de reforma, tienen todo el derecho de abrazar
una ideología progresista o conservadora, de votar a un partido de izquierdas, de
centro o de derechas, pero a la hora de enseñar y formar a los alumnos deberán
mostrar una comprendo que difícil imparcialidad.
En la práctica docente intervienen factores técnicos y
objetivos, que no deberían ser susceptibles de criterios dispares. Es obvio que
existen asignaturas que se prestan más a la interpretación con sesgo ideológico
de los hechos y de la realidad, como son la historia y la formación en valores
cívicos y éticos.
Una base de acuerdo entre distintas ideologías estriba en
los derechos humanos y en las declaraciones universales que los definen. Sobre
este fundamento habrá que cimentar una educación que haga posible la
convivencia pacífica en medio del pluralismo ideológico.
