Las palabras y la vida
Alberto Martín Baró
No parece que la actual situación del Parlamento español
sea idónea para abordar la reforma de la ley educativa en vigor, LOMCE,
conocida como ley Wert.
En primer lugar, el Gobierno constituido después de la
moción de censura de los pasados 31 de mayo y 1 de junio cuenta solo con 84
diputados y con el apoyo de partidos que únicamente buscan sus intereses
particulares, no los de todos los ciudadanos. Así, los nacionalistas e
independentistas tratan únicamente de sacar réditos para sus planes de secesión
y ventajas de todo tipo para sus comunidades autónomas que ellos desean, de una
manera más o menos declarada, convertir en Estados soberanos independientes de
España. En cuanto al principal aliado del Gobierno, Podemos, su objetivo,
disimulado por demagógicas proclamas sociales, es derrocar el vigente sistema
de libertades y derechos amparados por la Constitución Española para implantar
un régimen de inspiración comunista bolivariana.
En segundo lugar, el enfrentamiento entre las distintas
fuerzas parlamentarias supera en la actualidad las normales diferencias entre
el partido que sustenta el Gobierno y la oposición, que se acusan mutuamente de
generar la manifiesta crispación reinante.
Con este panorama, la tramitación en las cámaras
legislativas de la modificación de la Ley Orgánica de Educación tiene toda la
probabilidad de convertirse en una carrera de obstáculos, semejante a la que se
está produciendo para la aprobación de los presupuestos generales del Estado.
Se me objetará que este clima enrarecido y crispado no ha
sido óbice para que los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, hayan llegado a
un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cierto,
como también lo es que semejante acuerdo no ha satisfecho ni a los jueces, ni a
muchos ciudadanos que asisten asombrados a un reparto de cargos entre
conservadores y progresistas en el que ha primado la adscripción ideológica de
los propuestos sobre su competencia profesional como juristas.
Un pacto por la educación, en el caso improbable de
alcanzarse con la presente correlación de fuerzas políticas, estaría viciado de
origen y dejaría sin dar satisfacción a las justas demandas de la comunidad
educativa, tanto de profesores, alumnos y padres, como de las distintas
organizaciones del sector.
Ya el simple anuncio de las propuestas para la reforma
educativa por la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha provocado tal polémica
y confrontación sobre las diferentes opciones en aspectos esenciales de la
educación, que prácticamente imposibilitan un debate sereno sobre las
cuestiones planteadas: conciertos y sistema de admisión de alumnos, equidad e
inclusión, enseñanza de la religión, autonomía y dirección de los centros,
evaluación y reválidas, etapas formativas y distribución de competencias entre
el Estado y las autonomías.
Se suele afirmar que, con cada cambio de Gobierno, no
solo cambian los ministros de los distintos departamentos, sino también toda
una serie de responsables de empresas e instituciones estatales, muy en especial
de la televisión pública por su innegable influencia en amplios sectores de la
población. Y cambian también leyes, ordenanzas y reglamentos que afectan a la
vida política, social, económica… ¿y educativa?
Veamos. Esta práctica habitual de cambios con la
alternancia de los partidos en el Gobierno de la nación como consecuencia de
los resultados de elecciones generales no se cumple con las leyes orgánicas de
educación. Desde la implantación en España de la democracia, basada en la
Constitución refrendada por una amplia mayoría de los españoles, ha habido ocho
leyes de educación, si contamos la Ley General de Educación Villar Palasí de
1970, que se aplicó durante los primeros años de la transición hasta 1980.
Estas leyes son las siguientes: Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto
de Centros Escolares (LOECE), promulgada en 1980 por el Gobierno de la UCD y
que tuvo una vigencia efímera, pues fue revocada por un decreto de 1981 estando
en el poder el PSOE. Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE),
de 1985, también del PSOE. Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo de España (LOGSE), de 1990, igualmente debida al PSOE. Ley Orgánica de
la Participación, la Evaluación y el Gobierno (LOPEG), de 1995, asimismo obra
del PSOE. Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), de 2002, bajo el
mandato de Aznar, que no llegó a aplicarse por la llegada al poder del
socialista Zapatero en 2004. Ley Orgánica de Educación (LOE), de 2006, ya en la
legislatura de Zapatero. Y Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), de 2013, que entró en vigor en el curso 2014-2015, avalada por el PP y
que es la que ahora el Ministerio de Celaá se plantea reformar. Así que la
educación actual en España es atribuible principalmente a leyes del PSOE. ¿No
está de acuerdo Sánchez con lo propiciado por sus antecesores socialistas en el
Gobierno de España?
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