Las palabras y la vida
Alberto Martín Baró
La actualidad, más que nunca anteriormente, está
configurada en los medios de comunicación por una continua difusión de noticias
que dificulta de manera muy acusada formarse un juicio certero sobre la
realidad que vivimos.
La actividad de los partidos políticos y de sus
representantes acapara los espacios que los telediarios, la prensa y la radio
dedican al apartado de la política, solo superado por la atención que prestan a
los actos de violencia de todo tipo, a los accidentes y a las catástrofes, ya
sean naturales o provocadas por la acción u omisión humana. Este capítulo, con
sus correspondientes investigaciones policiales y repercusiones judiciales, se
nos ofrece con todo lujo de detalles, con las declaraciones de los
protagonistas y afectados, de los vecinos y de quienes “pasaban por allí”. Después
de ver la televisión, uno saca la conclusión, luego desmentida por las cifras
estadísticas y la comparación con lo que ocurre en otros países, que en España
reinan la delincuencia, la violación sistemática y extendida de la Ley, y todos
aquellos episodios de desastres, provocados por las fuerzas de la naturaleza o
por los actos humanos, que llenaban las páginas de un semanario, “El Caso”, que
se editó en Madrid entre 1952 y
1987 y gozó de notable
popularidad.
Un extraordinario despliegue de periodistas y cámaras, no
solo de ámbito nacional, sino también internacional, ha cubierto el trágico accidente
de Julen, el niño de dos años atrapado en un pozo de Totalán (Málaga). El
comprensible interés general por un feliz desenlace, la liberación con vida del
pequeño, y las muestras de solidaridad con los padres y familiares, no impiden
que en otros casos exista en los telespectadores, en los oyentes de radio y
lectores de periódicos un innegable morbo que dispara la audiencia y el
seguimiento.
Al protagonismo informativo de actos violentos, crímenes
y sucesos le siguen en atención mediática los hechos protagonizados, como he
dicho, por los políticos, que ocupan no solo las noticias, sino también los
editoriales y los comentarios de innumerables articulistas y tertulianos. Sin
olvidar el papel cada vez más preponderante de las redes sociales, capaces de
crear estados de opinión a favor o en contra de las declaraciones o actuaciones
de un gobernante o de un representante de un determinado partido.
En esta multiplicidad de datos y opiniones resulta muy
difícil trazar un panorama atinado de la situación política actual de nuestra
nación. Dificultad que resulta agravada por el acontecer político en las
distintas comunidades autónomas, muy en especial en aquellas a las que un
infundado e injusto tratamiento calificó de “históricas”. Como si Cataluña y el
País Vasco, que nunca fueron reinos, hubieran desempeñado un papel más
destacado que Castilla, Aragón o Asturias.
Pasada
la natural efervescencia informativa causada por las elecciones andaluzas y el
final de 37 años de hegemonía socialista, el problema del independentismo
catalán continúa ocupando un exasperante primer plano de la información y su
enjuiciamiento. Desde quienes, como el Partido Popular, abogan por la
aplicación inmediata del 155 en Cataluña hasta quienes, como Vox, reclaman la
suspensión inmediata de la autonomía catalana, pasando por la inútil y
contraproducente concesión de favores y más recursos económicos al desleal
Gobierno de Cataluña que practica el presidente Sánchez, los pareceres y las
posturas sobre el “conflicto” catalán son objeto constante del interés de los
medios de comunicación.
La
corrupción, que todos los líderes políticos dicen rechazar y condenar,
asegurando que los que incurran en ella serán apartados del partido en
cuestión, aún colea en casos no resueltos ni juzgados, sin que se libren de
ella partidos que, como Podemos, se presentaron para acabar con esta lacra y
regenerar la vida política española, con los resultados negativos que afloran
un día sí y otro también.
Un
hecho incuestionable en este esbozo de panorama de la actualidad y la política
española es la desaparición del bipartidismo y de la alternancia en el Gobierno
de la Nación de UCD, luego sustituida por el PP, y del PSOE. Junto a estos
partidos predominantes han aparecido otras formaciones políticas, tanto en la
izquierda como en el centro y la derecha del arco parlamentario. En Andalucía
hemos asistido a la coalición, hasta ahora inédita en España, de tres partidos
que, sumando sus votos y escaños, han conseguido desbancar de la Junta al PSOE
andaluz.
Esta
multiplicidad de formaciones políticas, algunas de las cuales deberían estar
prohibidas, como lo están en otros países europeos, por situarse al margen o
incluso en contra de la Constitución Española, más que garantizar el pluralismo
y la libertad de ideas y de expresión, añade confusión y, en muchos casos,
sectaria confrontación al devenir de la cosa pública.
La
pacífica y fecunda convivencia entre todos los españoles, por la que
repetidamente aboga el rey Felipe VI en sus discursos y mensajes, se ve así
alterada por viejas y nuevas agrupaciones políticas, cuyos líderes a menudo
buscan su propio provecho e interés en vez del bien común, al que todo político
debería servir.