Independencia del poder judicial y de la educación

Las palabras y la vida

Alberto Martín Baró                                                                            

Todos los partidos políticos, en cuanto alcanzan el poder de gobernar una nación, tratan de poner el sistema público educativo al servicio de sus intereses, no de los intereses de los ciudadanos a los que dicen representar.

La educación corre así el riesgo de convertirse en un medio de adoctrinamiento de los alumnos de acuerdo con la ideología del partido gobernante. ¿Es entonces imposible un pacto por la educación que no estuviera sujeto al vaivén de los cambios de gobierno y que atendiera a los aspectos esenciales que deben configurar el sistema educativo en un país moderno y democrático?

Lo que ha ocurrido esta misma semana con la ruptura del acuerdo alcanzado por el PP y el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial puede arrojar luz sobre la deseada independencia tanto de este órgano como de la educación en España.

En principio, que los partidos políticos que en teoría representan la voluntad popular elijan a los jueces integrantes del órgano que los gobierna no debería atentar contra la independencia del poder judicial. A fin de cuentas, los jueces, magistrados y fiscales en el ejercicio de sus funciones deben aplicar las leyes y esas leyes han emanado del poder legislativo que conforman los parlamentarios elegidos por los ciudadanos.

Pero la separación de poderes necesaria en una democracia está amenazada por dos circunstancias. La primera radica en las propias asociaciones profesionales de la judicatura, que se califican a sí mismas de progresistas o conservadoras. Los jueces, a título privado, son muy libres de tener unas ideas políticas determinadas, de votar a uno u otro partido, pero en el ejercicio de su profesión y a la hora de juzgar y dictar sentencias deben observar una estricta neutralidad. Si ya de entrada están etiquetados como de derechas o de izquierdas, un ciudadano que vota al PP no querrá ser juzgado por un juez afín al PSOE, y viceversa. Y no digamos si se trata de jueces o fiscales que entran a formar parte del gobierno. ¿Sería imparcial el juez Marlasca si tuviera que juzgar a su compañera de gabinete Dolores Delgado? El segundo peligro que corre la independencia judicial reside en los partidos políticos que, de una manera más o menos declarada, tratan de que las causas penales que afectan a sus miembros o a sus intereses partidistas, se resuelvan a su favor. El ya famoso whatsapp del senador popular Ignacio Cosidó, jactándose de controlar la Sala Segunda del Supremo desde detrás, no hace sino poner de manifiesto el afán de control del poder judicial, no solo por el PP, sino por todo partido político.

En la educación sucede algo similar. Según la Constitución Española, “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana” (art. 27.2). Ahora bien, en una sociedad plural como la española en la actualidad, hay diversidad de opiniones sobre en qué consista “el pleno desarrollo de la personalidad humana”. Así, por fijarnos en el ejemplo de la religión en la escuela, siempre objeto de controversia, según los defensores de la enseñanza religiosa esta es imprescindible para tal desarrollo, mientras que otros opinan que la religión no debería ser de oferta obligatoria en los centros educativos públicos. Así, en las Propuestas para la modificación de la Ley Orgánica de Educación avanzadas por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, se deja de considerar la Religión como materia específica en 1.º y 2.º de Bachillerato, mientras que la Educación en valores cívicos y éticos será obligatoria en un curso de Primaria y otro de Secundaria aún por determinar.

Del mismo modo, nuestra Constitución avala el derecho de los padres para dar a sus hijos “la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (art. 27.3). Pero, de nuevo, se entabla la discusión sobre cuáles son las convicciones predominantes de los padres. En el presente curso escolar, alrededor de un 64 % de los alumnos han solicitado la clase de religión. Esta demanda social, en la que se basa la existencia de centros concertados, es eliminada en la propuesta socialista de reforma de la ley de educación.

Como en el caso de los jueces, los profesores, principal pilar en el que se sustenta la educación y que ha sido lamentablemente desatendido en dicha propuesta de reforma, tienen todo el derecho de abrazar una ideología progresista o conservadora, de votar a un partido de izquierdas, de centro o de derechas, pero a la hora de enseñar y formar a los alumnos deberán mostrar una comprendo que difícil imparcialidad.

En la práctica docente intervienen factores técnicos y objetivos, que no deberían ser susceptibles de criterios dispares. Es obvio que existen asignaturas que se prestan más a la interpretación con sesgo ideológico de los hechos y de la realidad, como son la historia y la formación en valores cívicos y éticos.

Una base de acuerdo entre distintas ideologías estriba en los derechos humanos y en las declaraciones universales que los definen. Sobre este fundamento habrá que cimentar una educación que haga posible la convivencia pacífica en medio del pluralismo ideológico.