Federalismo

Las palabras y la vida

Alberto Martín Baró

Han vuelto los socialistas a plantear como solución a los problemas que sufre nuestra sociedad el Estado federal. Y lo han hecho no solo con palabras, sino proponiendo como presidente del Senado al senador Manuel Cruz Rodríguez, que finalmente ha sido elegido para este cargo por mayoría absoluta. ¿Y qué tiene que ver este catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona con el Estado federal? Pues mucho, ya que es uno de los fundadores de la asociación Federalistas de Izquierdas, de la que ha sido presidente y en la actualidad es vocal de honor. Tuve contacto con Manuel Cruz en 1997, siendo yo editor de Santillana y preparando una Historia de la Filosofía, de la que él fue autor junto a Emilio Lledó, Miguel Ángel Granada y José Luis Villacañas. Puedo atestiguar que se trata de un filósofo inteligente, aunque después no he seguido su trayectoria política.

La circunstancia de que Pedro Sánchez le propusiera como presidente del Senado, la cámara territorial, lleva a pensar que el próximo gobierno del PSOE intenta de nuevo abrir el debate sobre la reforma de la Constitución para sustituir el actual Estado de las autonomías por un modelo de organización federal.

Si a la dificultad conceptual para los ciudadanos de a pie de entender conceptos como federalismo, federación o Estado federal se añaden los intereses partidistas y el complicado proceso que supondría abordar una reforma de la actual Constitución española, dados los complejos trámites y el requerido consenso de las fuerzas políticas con que nuestra Carta Magna se blinda frente a posibles cambios, no veo factible ni a corto ni a medio plazo convertir España en un Estado federal.

El Diccionario Jurídico de la Real Academia Española (RAE) define Estado federal como “Estado compuesto por diversas unidades territoriales, dotadas de autonomía política e instituciones de gobierno comunes a todas ellas, cuya organización, competencias y relaciones intergubernamentales están regidas por una Constitución como norma suprema de todo el ordenamiento jurídico”.

En el lema “federación”, la definición se articula en términos semejantes, con la particularidad de referirse a las diversas unidades territoriales como Estados o entidades federadas, y poner como ejemplos de federaciones a los Estados Unidos de América, Alemania, Canadá o México.

Ante estas definiciones es posible que nos preguntemos cuál es la diferencia entre un Estado federal y nuestro Estado de las autonomías, unidades territoriales que ejercen competencias en una serie de materias, pero regidas por una Constitución como norma suprema de todo el ordenamiento jurídico. Quizá nos encontremos ante una quaestio de nomine, una cuestión de nombre, y lo que en la Constitución española se denominan autonomías o comunidades autónomas, en una federación serían llamadas Estados o entidades federadas.

Suele aducirse como característica de las federaciones el hecho de que se constituyeron mediante la unión de anteriores Estados soberanos o entidades que decidieron unirse en una organización común, cediendo parte de sus atribuciones, pero sin renunciar a su soberanía. Así, el Diccionario Jurídico de la RAE define el término “federalismo” como “Ideología que promueve la creación de una federación con el objetivo de unir Estados independientes bajo una Constitución federal común, o para descentralizar un Estado centralizado creando en su seno varios Estados o territorios federados”.

Está claro que en España no se dan esos Estados independientes que deciden unirse bajo una Constitución federal común. Y si nos atenemos a la segunda finalidad contemplada en la citada definición, “descentralizar un Estado centralizado”, las Comunidades autónomas españolas ejercen competencias de las que no gozan, o padecen, por ejemplo, los Länder de Alemania.

El principal objetivo de la asociación Federalistas de Izquierdas es impulsar una reforma constitucional para que España se articule como un Estado plenamente federal. Ya he mencionado las dificultades de todo tipo que entraña tal reforma. Pero, desde el plano de los principios, con los que se puede estar de acurdo, no se desciende, como la misma asociación propugna, a una delimitación clara de las competencias en cada nivel de gobierno con el objeto de evitar duplicidades.

Y no me parece acertado el calificativo “de Izquierdas”, que ya de entrada puede suscitar el rechazo de las derechas, a pesar de la declarada voluntad de la asociación de respetar las opciones políticas defendidas por los partidos con representación parlamentaria.

Si a esta adscripción a la izquierda se une, lo que no hacen los Federalistas de Izquierdas, la denominación de “federalismo asimétrico” que sí usan otros defensores socialistas de esta forma de organización territorial, el agravio de las comunidades no privilegiadas está servido.

Por último, no creo que la solución federal convenza a los separatistas, empeñados en su república independiente como único y reiterado objetivo de toda su actuación política.