Lecciones de la DANA

 Las palabras y la vida 

Alberto Martín Baró

Nunca deberíamos olvidar las consecuencias más trágicas de la DANA, las 227 víctimas mortales, los cuerpos aún no hallados de las personas desaparecidas y los incontables destrozos en viviendas, negocios, enseres, carreteras y vehículos.

Sin embargo, desde el punto de vista de las responsabilidades políticas, tampoco hay que pasar por alto tres lecciones que la DANA nos ha dado.

La primera es la calamitosa actuación de los políticos responsables de prevenir los daños de la DANA y, una vez producidos, remediarlos. La acusación pesa tanto sobre el Gobierno central, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, como sobre el Gobierno autonómico, con el presidente Carlos Mazón al frente.

Las responsabilidades se extienden también a los ministros del gabinete de Sánchez, implicados de una manera o de otra, en los catastróficos sucesos de la DANA, como son la ministra de Defensa, el ministro de Interior y la ya exministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Una frase del presidente del Gobierno en su comparecencia cinco días después de la DANA quedará para la historia de la infamia tratando de descargar todo el peso de la catástrofe valenciana en el Gobierno autonómico: “Quien quiera ayuda, que la pida”.

No menos infame y cobarde fue la actuación de Pedro Sánchez en su visita del 3 de noviembre, acompañando a los Reyes y al presidente Mazón, a Paiporta, donde los vecinos del pueblo recibieron a la comitiva con gritos de “¡Asesinos!”. Pedro Sánchez creyó más oportuno abandonar el pueblo en su coche oficial y luego acusar a la ultraderecha de los daños producidos al vehículo. Mientras, los Reyes se solidarizaban y se abrazaban con las víctimas de la tragedia.

El Ejército, del que es responsable la ministra de Defensa Margarita Robles, tardó tres días en llegar al lugar de la tragedia. Y Robles sólo hizo acto de presencia en un sótano inundado de Paiporta el 11 de noviembre para abroncar a los afectados: “Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa”.

El ministro de Interior, responsable de la Guardia Civil y la Policía Nacional, asiste el 2 de noviembre a la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado), sin que conste su visita a los lugares dañados.

Pero, con mucho, la principal responsable de los mayores daños causados por la DANA en Valencia, después del presidente del Gobierno central, es Teresa Ribera, exministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pues de ella dependía la Cuenca Hidrográfica del Júcar, a su vez encargada de las obras de canalización y limpieza del barranco del Poyo, que nunca se llevaron a cabo. Mientras, Teresa Ribera estaba ausente, ocupada en preparar su candidatura a comisaria de la Unión Europea.

La segunda lección que debería extraerse de la DANA de Valencia es la necesidad de que el presidente del Gobierno de España y los ministros con él responsables de no haber puesto los medios necesarios para prevenir y remediar los daños presenten su dimisión irrevocable, independientemente de las responsabilidades penales que puedan derivarse de su actuación antes y después de la catástrofe valenciana, e independientemente también de las consecuencias judiciales de los casos de corrupción que afectan a la cúpula socialista.

La tercera lección de la DANA atañe a la Comunidad Autónoma valenciana y a su gobierno que por supuesto deberá dimitir en cuanto haya puesto en marcha la reconstrucción de la zona afectada.

Pero, a mi juicio y el de muchos españoles, esta catástrofe ha puesto de manifiesto la inutilidad de la organización de España en autonomías que no sólo no resuelven los problemas estructurales y operativos del gobierno de la nación, sino que los agravan. España, aunque la Constitución aún vigente (?) las ampare, no puede permitirse la sangría económica que suponen 17 Gobiernos autonómicos, 17 Parlamentos, 17 Tribunales Superiores de Justicia y el maremágnum de estructuras y órganos superfluos.

Para una relación más estrecha de los ciudadanos con la Administración bastarán los Ayuntamientos, sobrando también las Diputaciones y otros organismos que sólo sirven para colocar a personas del color político del partido gobernante.

Abogo, y conmigo más de un 50 % de los ciudadanos según algunas encuestas, por preguntar en referendo a los españoles si son partidarios de la actual organización del Estado en Comunidades Autónomas, o bien de reformarlas, o de suprimirlas.