¿Qué va a pasar en Cataluña?

Las palabras y la vida

Alberto Martín Baró

¿Qué va a pasar en Cataluña? Esta es la pregunta que en estos momentos cruciales nos hacemos muchos españoles, dentro y fuera de la Comunidad Autónoma catalana.

Una vez que el Gobierno de la Nación ha puesto en marcha el Artículo 155 de la Constitución, presentando al Senado las medidas concretas para restablecer en Cataluña la legalidad y el orden constitucional, el panorama de lo que puede ocurrir en la Comunidad catalana aparece marcado por múltiples incógnitas.

En primer lugar, el Senado ha de aprobar las medidas propuestas por el Gobierno, lo que previsiblemente hará en el pleno del próximo 27 de octubre.

También está previsto que el hasta ahora presidente de la Generalidad, señor Puigdemont, pueda presentar ante el Senado, por sí mismo o por persona interpuesta, o por otro medio, las alegaciones que estime oportunas.

Los diecinueve folios del documento oficial que aprobó el Consejo de Ministros extraordinario reunido el sábado 21 de octubre incluyen una extensa y detallada justificación de la aplicación del Artículo 155, basada en el reiterado incumplimiento por parte del Gobierno de la Generalidad de las obligaciones fijadas en la Constitución y en el propio Estatuto de Autonomía. Siguen después las medidas acordadas para dicha aplicación. Tales medidas se pueden resumir en cinco puntos:

1. Destitución del presidente, del vicepresidente y de todos los consejeros del Gobierno catalán.

2. Convocatoria de elecciones autonómicas en un plazo máximo de seis meses.

3. Control por el Gobierno de la Nación sobre el Parlamento catalán para evitar nuevas violaciones de la Constitución y cualesquiera iniciativas contrarias a las medidas aprobadas por el Ejecutivo.

4. Se pone asimismo bajo control del Estado a la policía autonómica, a TV3 y la economía catalana.

5. Se garantiza el mantenimiento de la autonomía y del autogobierno catalanes.

Las reacciones al anuncio por Mariano Rajoy de las medidas acordadas por el Consejo de Ministros no se han hecho esperar. Mientras el PSOE y Ciudadanos han apoyado al Gobierno de España en su defensa de la Constitución y de la integridad territorial de la Nación, así como la convocatoria de elecciones autonómicas, el presidente Puigdemont, en el mensaje institucional transmitido por TV3, calificó las decisiones del Consejo de Ministros de “golpe” a Cataluña, propio del franquismo. Antes de este mensaje, Puigdemont, Junqueras y demás miembros del Gobierno de la Generalidad, así como la presidenta del Parlamento catalán, habían participado en una manifestación exigiendo la libertad de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural –en prisión preventiva investigados por un delito de sedición–, y reclamando a continuación la secesión de Cataluña.

Podemos y los partidos nacionalistas han tachado las medidas tomadas por el Gobierno de la Nación de golpe de Estado a la democracia.

En este clima de máxima tensión y de fractura de la sociedad entre las fuerzas políticas y los ciudadanos que defienden la Constitución y la legalidad democrática vigente, y los gobernantes, partidos y ciudadanos partidarios de la independencia, no resulta aventurado predecir que se reiteren las protestas callejeras de los separatistas con alteración del orden público y técnicas de kale borroka, buscando una intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, que luego los independentistas presentarán ante la opinión pública internacional como represión violenta.

Por parte del Gobierno autonómico destituido y del Parlamento catalán bajo control del Estado cabe prever una declaración unilateral de independencia, así como resistencia al cese en sus funciones.

Los pacíficos manifestantes defensores de la unidad de España el 8 de octubre en las calles de Barcelona corearon gritos pidiendo “Puigdemont a prisión”. Y es que una parte muy numerosa de ciudadanos españoles no comprendemos que la Justicia aún no haya actuado contra los máximos responsables de la violación de las leyes vigentes, que siguen libres y jactándose de hacer caso omiso de las sentencias del Tribunal Constitucional y de otros tribunales.