Guerra de togas

 Las palabras y la vida

Alberto Martín Baró

Los jueces y magistrados, como cualquier ciudadano español, tienen el derecho de declararse de izquierdas o de derechas, progresistas o conservadores, y de asociarse en agrupaciones acordes con sus ideas.

Nos hemos acostumbrado a que los jueces y magistrados, y también los fiscales, actúen de acuerdo con los principios de las asociaciones a las que pertenecen, siempre, por supuesto, que esos principios no choquen con la imparcialidad que se les exige en el desempeño de sus funciones. Así, si en una votación del Tribunal Constitucional participan siete jueces progresistas y cuatro conservadores, ya sabemos de antemano cuál va a ser el resultado de esa votación.

El Artículo 161 de la Constitución Española establece que: “1 El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer a) Del recurso de inconstitucionalidad de leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. (…) b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53 de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.”

Es decir, el Tribunal Constitucional es competente para decidir si una ley o disposición es constitucional o no.

Pero, bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido, el Tribunal Constitucional (TC), el pasado martes 18 de junio, ha amparado a la exministra socialista Magdalena Álvarez contra las sentencias de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo que, a juicio de la mayoría progresista del TC, incurrían en una “incontestable ilegalidad”.

Así, el TC, excediéndose de sus funciones, invalida una condena emitida con todas las garantías procesales contra una de las implicadas en el caso de los ERE, el mayor caso de corrupción de la democracia, que provocó en la Comunidad Autónoma Andaluza un agujero de 680 millones de euros.

Guerra de togas entre los magistrados progresistas del TC y los jueces de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo. El TC se convierte de este modo en un tribunal de apelación, anulando una condena de 9 años de prisión por prevaricación continuada a Magdalena Álvarez.

Este fallo absolutorio fue anunciado y adelantado por Pedro Sánchez en el mitin del Partido Socialista en Benalmádena, atribuyendo esa condena a la máquina de fango de la derecha y la ultraderecha.

La asociación católica NEOS, presidida por Jaime Mayor Oreja y de la que forman parte la Fundación Villacisneros y la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, denuncia que el TC se ha convertido en un instrumento en manos del Gobierno al servicio de su proyecto y de sus intereses.

En la guerra de togas, es el gobierno de Pedro Sánchez y los jueces progresistas que se pliegan a sus deseos de autócrata los que llevan las de ganar, a no ser que asociaciones como NEOS, los partidos de la oposición y medios de comunicación libres se opongan con todas sus fuerzas a esta deriva que pone en peligro la democracia en España.