23 de junio de 2024

Tráfico de influencias

 Las palabras y la vida 

Alberto Martín Baró

Begoña Gómez era hace unos meses desconocida para la mayoría de los españoles. Como mucho, los más informados sabían que era la mujer del presidente del Gobierno y que este, siguiendo su costumbre de favorecer a allegados y amigos, la había puesto al frente del Africa Center, un centro del Instituto de Empresa creado para “promover la innovación, el liderazgo ejecutivo, el entendimiento y el desarrollo de proyectos de acción social en el continente africano”. ¿Quién mejor preparada que su esposa para dirigir este centro? Lo que hizo entre agosto de 2018 y junio de 2022.

Desde 2023, Begoña Gómez es codirectora de la cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid, a pesar de carecer de un título universitario.

El 16 de abril de 2024, ante una denuncia de Manos Limpias, el juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid abrió diligencias para investigar a Begoña Gómez por los presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias.

La corrupción es un concepto, a mi juicio, demasiado genérico, por lo que en este blog me centraré en el delito de tráfico de influencias. Este delito puede ser cometido por un funcionario público o autoridad, o por un particular. Como Begoña Gómez, a pesar de que el portavoz del PSOE en el Congreso la llamara “presidenta del Gobierno”, es una particular, voy a ceñirme al tráfico de influencias realizado por un particular. Así lo define el “Diccionario panhispánico del español jurídico”: “Delito que realiza el particular que influye en un funcionario público o autoridad, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación con este o con otro funcionario público o autoridad, para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero”.

En la investigación abierta por el juez Peinado a raíz de la denuncia de Manos Limpias se incluye la relación de Begoña Gómez con el empresario Carlos Barrabés, cuya consultoría, en unión temporal con otra sociedad, logró en 2020 y 2021 adjudicaciones del ente público Red.es, dependiente del Ministerio de Economía. Y habría conseguido dichas adjudicaciones con el apoyo de Begoña Gómez, quien presuntamente daba su aval a la empresa de Barrabés. Así el presunto tráfico de influencias cometido por Begoña Gómez consistiría en esa recomendación o aval a la empresa de Barrabés ante el ente público Red.es, y ella se beneficiaría del apoyo del empresario al Máster que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

En este, y en otros casos de tráfico de influencias, habría que investigar al funcionario o particular que influye en un funcionario público o autoridad, y también al funcionario público o autoridad que se deja influir, en este caso el ente público Red.es y el Ministerio de Economía.

Ya con anterioridad, en 2020, la actuación de la mujer del presidente del Gobierno se había puesto en cuestión por su relación con Globalia, que obtuvo del Gobierno el aval para rescatar a su aerolínea Air Europa con más de 475 millones de fondos públicos. Se ha publicado en varios medios la carta firmada por Begoña Gómez recomendando a Globalia. Los beneficios de la esposa del presidente Pedro Sánchez estarían en el patrocinio y ayudas de Globalia al Africa Center que ella dirigía. Y en este caso, de nuevo, habría que imputar al presidente del Gobierno y al Consejo de Ministros que concedieron ese rescate.

Según distintas publicaciones, también existiría un vínculo entre Begoña Gómez y Víctor de Aldama, uno de los principales acusados en la trama Koldo, que está siendo investigada en la Audiencia Nacional.

Ante estas y otras acusaciones, el presidente Pedro Sánchez, en lugar de rebatirlas con argumentos, las achaca a la “máquina de fango” puesta en marcha por la derecha y la ultraderecha mafiosas. Y pasea a su esposa por mítines y otros actos públicos para que sus incondicionales la jaleen “Free Bego”.

 

 

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