La Ley por el derecho a la vivienda

Las palabras y la vida 

Alberto Martín Baró

El Gobierno de Pedro Sánchez ha estado muy ocupado en aprobar leyes tan fundamentales para el bien común de los ciudadanos como la ley del sólo sí es sí, la ley trans o la ley del bienestar animal, que ha dejado para el tramo final de la legislatura la Ley por el derecho a la vivienda, que ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado el 24 de mayo de 2023 y ha entrado en vigor el 26 de mayo de este mismo año.

Según el propio texto publicado en el BOE, los objetivos perseguidos por la ley son los siguientes:

“−Establecer una regulación básica de los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la vivienda, así como de los asociados a la propiedad de vivienda, aplicable a todo el territorio nacional. 

−Facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de mercado, prestando especial atención a jóvenes y colectivos vulnerables y favoreciendo la existencia de una oferta a precios asequibles y adaptada a las realidades de los ámbitos urbanos y rurales. 

−Dotar de instrumentos efectivos para asegurar la funcionalidad, la seguridad, la accesibilidad universal y la habitabilidad de las viviendas, garantizando así la dignidad y la salud de las personas que las habitan. 

−Definir los aspectos fundamentales de la planificación y programación estatales en materia de vivienda, con objeto de favorecer el ejercicio del derecho constitucional en todo el territorio. 

−Regular el régimen jurídico básico de los parques públicos de vivienda, asegurando su desarrollo, protección y eficiencia para atender a aquellos sectores de la población con mayores dificultades de acceso. 

−Favorecer el desarrollo de tipologías de vivienda adecuadas a las diferentes formas de convivencia y de habitación, favoreciendo la adaptación a las dinámicas y actuales exigencias de los hogares. 

−Mejorar la protección en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda, introduciendo unos mínimos de información necesaria para dar seguridad y garantías en el proceso.” 

Para la consecución de estos objetivos, los principales medios adoptados pueden resumirse como sigue:

−Regulación de los desahucios.

−Posibilidad de gravar más a las viviendas vacías.

−Fijación del tope a la actualización de rentas.

−Incentivos fiscales para propietarios.

Se ha generado polémica sobre la figura de “gran tenedor”, sobre la definición de “zonas tensionadas” de alquiler y sobre el control del mercado de arrendamiento. También se ha criticado desde distintas instancias y por expertos en cuestiones de vivienda el tope a los alquileres que, según dichos conocedores de este mercado, reducirá drásticamente la oferta de inmuebles en alquiler.

No soy partidario, por principio, de la regulación drástica del libre mercado por los poderes públicos, sean del Estado o de las Comunidades Autónomas, que son las que tienen la competencia plena en materia de vivienda.

Pero en este caso existe un imperativo recogido en el Artículo 47 de la Constitución Española “Todos los españoles tienen el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

Que la vivienda sea un objeto de inversión para muchos ahorradores o personas que han heredado o adquirido inmuebles por cualquier medio legal choca, a mi juicio, con la condición de bien social de la vivienda y se presta a la especulación por parte de propietarios que buscan sacar la máxima rentabilidad a su propiedad.

Poner tope a los alquileres por los poderes públicos tiene el efecto no deseado de reducir la oferta: a los propietarios puede no resultarles rentable alquilar sus casas y prefieren ponerlas en venta. De ahí que resulte más eficaz aumentar la oferta de viviendas de protección oficial y vigilar para que no pierdan esta condición.

Pero ¿qué ha hecho durante la presente legislatura el Gobierno de Pedro Sánchez para solucionar el problema de la escasez de viviendas de protección oficial, asequibles a jóvenes y familias de escasos recursos económicos? Como he dicho al comienzo de este blog, dedicarse a promulgar leyes ideológicas y de ningún provecho para el común de los ciudadanos, cuando no directamente perjudiciales para las personas más vulnerables. Y prometer miles de viviendas de la Sareb, o sea la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, que no están en condiciones de ser habitadas, o se hallan en zonas distantes de los núcleos de mayor población, u otras viviendas en suelo público que estarán construidas, en el mejor de los casos…, dentro de veinte años.