Un Tribunal Constitucional de mayoría izquierdista

 Las palabras y la vida 

Alberto Martín Baró

A la inmensa mayoría de los ciudadanos no instruidos en Derecho, entre los que me incluyo, nos resulta incomprensible la jerga jurídica con la que los medios de comunicación tratan de informar sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC).

Para nombrar y renovar a los miembros de estos dos órganos previstos en la Constitución para el recto funcionamiento de las altas instituciones del Estado de derecho, existen, expresados de forma simplificada, dos criterios:

–El criterio de quienes opinan que son los propios jueces los que deben elegir a los jueces.

–El criterio  de quienes avalan el actual sistema de cuotas a propuesta de los partidos políticos, del Congreso de los diputados y del Senado, además del CGPJ.

La elección de jueces por los jueces parecería en principio preservar la independencia del poder judicial frente al legislativo y al ejecutivo. Pero ¡ay! aquí topamos con una innegable realidad: los jueces y magistrados suelen pertenecer a asociaciones judiciales, como la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente, a la mayoría de las cuales se les atribuye un carácter conservador o progresista. Es decir, que hay jueces y magistrados con ideas de derechas o de izquierdas, que son muy libres de profesar, pero que les inclinarán a elegir a sus congéneres de las mismas ideas.

Lo cual me lleva al segundo sistema de nombramiento y elección de jueces y magistrados, en el que intervienen los partidos políticos, el Congreso, el Senado y el COGPJ. Si los líderes de los partidos políticos mayoritarios, los miembros del Gobierno y del poder legislativo tuvieran la convicción y la experiencia de que todos los jueces y magistrados son, como prescribe el Artículo 117 de la Constitución, “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley”, no tendrían tanto interés en que los nombramientos del los miembros del CGPJ y del TC dependieran de ellos.

El pasado 9 de enero tomaban posesión de sus nuevos cargos los magistrados César Tolosa, María Luisa Segoviano, Laura Díez y Juan Carlos Campo, los cuatro de signo izquierdista, más aún, Juan Carlos Campo fue ministro de Justicia en el primer ejecutivo de Pedro Sánchez y Laura Díez fue directora general del Ministerio de la Presidencia. Así el TC ha pasado de tener 6 magistrados conservadores y 5 izquierdistas a 7 de izquierdas y 4 conservadores.

Dos días después, el 11 de enero, fueron elegidos presidente del TC Cándido Conde-Pumpido en sustitución del conservador Pedro González-Trevijano, y vicepresidenta Inmaculada Montalbán frente al conservador Ricardo Enríquez, no siguiéndose la costumbre de repartir la presidencia y la vicepresidencia del TC entre ambos bloques.

Por si cupiera alguna duda sobre la adscripción y las intenciones de los nuevos miembros del TC, no hay más que ver la satisfacción de los ministros de Sánchez asistentes a la toma de posesión de los mismos, como la vicepresidenta Yolanda Díaz, el ministro de Presidencia Félix Bolaños, que fue jefe de Laura Díez, y la titular de Defensa Margarita Robles.

No quiero significar con estas palabras que todos los jueces y magistrados sean partidistas y, en este caso, izquierdistas, mal llamados progresistas, como si el progreso fuera exclusivo patrimonio de la izquierda. Pero los antecedentes de los nuevos componentes del TC, como Conde-Pumpido en sus tiempos de fiscal general del Estado en el Gobierno de Rodríguez Zapatero y la negociación política con la banda terrorista ETA, y las declaraciones de María Luisa Segoviano abierta a considerar cualquier planteamiento sobre la autodeterminación, hacen abrigar serias dudas sobre su imparcialidad a la hora de defender la Carta Magna y “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indisoluble de todos los españoles”.