Contradicciones y falsedades

Las palabras y la vida

Alberto Martín Baró

Después de perpetrar un golpe de Estado en toda regla, los secesionistas catalanes han cambiado de táctica. Primero, al ser investigados y citados ante el juez, adujeron que la declaración de independencia había sido solo “simbólica”. Después, al comprobar que la justicia no se cree sus excusas, los procesa y manda a prisión, han dejado de defender la independencia de Cataluña como república separada del resto de España. Esta defensa sería lo lógico, lo que cabría esperar de quienes se declaran partidarios de un Estado catalán independiente.

Flagrante contrasentido: los independentistas ya no defienden la independencia de Cataluña. O al menos no la sostienen a las claras y con argumentos racionales. Así, proponen candidatos a la presidencia de la Generalidad a sabiendas de que ni cuentan con los suficientes apoyos, ni su candidatura puede prosperar al estar incursos en causas judiciales.

Veamos. De un candidato a presidir el gobierno de la Generalidad debería esperarse una exposición coherente y razonada de su futura actuación gubernamental, de las medidas concretas que él y su equipo de consejeros tomarían para mejorar las condiciones de vida, sociales, educativas, sanitarias, económicas, laborales, del pueblo catalán. Estas medidas servirían de base al debate de investidura.

Pues bien, en el pleno del Parlamento autonómico del pasado día 22 de marzo, Jordi Turull, el candidato propuesto por el presidente de dicho Parlamento Roger Torrent, no expuso en su discurso de investidura ningún programa de gobierno que pudiera ser debatido y votado por los grupos políticos representados en la cámara. Y menos aún expuso las ventajas de una República catalana independiente. En su lugar, hizo una defensa de la democracia que él y su partido representan, de la libertad que propugnan para un pueblo oprimido por el Estado español, del respeto a los derechos cívicos y políticos de todos los ciudadanos, y de su postura de diálogo, siempre rechazado por el Gobierno español.

Estas ideas constituyeron también el núcleo de las intervenciones de los representantes de los partidos independentistas en la sesión del Parlamento catalán del 24 de marzo y de la posterior declaración institucional de su presidente. Y en la sesión del día 28 se aprobó por mayoría el derecho de Puigdemont, Sànchez y Turull de someterse a un debate de investidura y se exigió la excarcelación de los secesionistas presos.

Ellos son los sinceros defensores de una democracia “suspendida” por el Estado español y de unas libertades conculcadas por el Gobierno y los jueces de España. Patente contradicción: el mero hecho de que se celebraran elecciones, de que todos los partidos que lo quisieron se presentaran a las mismas, y de que el señor Torrent, como presidente de un Parlamento autonómico, hubiera convocado tres sesiones parlamentarias y pronunciado una declaración institucional, todo ello estaba demostrando palmariamente que no hay tal suspensión de la democracia.

Otro mantra, repetido hasta la saciedad por los independentistas, es la violación de los derechos cívicos y políticos de los representantes legítimos del pueblo catalán, encarcelados por una justicia española injusta. El lazo amarillo que llevan los secesionistas y que colocan en los escaños de los diputados ausentes para denunciar la existencia de “presos políticos”, lazo que nadie les impide utilizar, es una nueva prueba de que en España se respeta la libertad de expresión.

También insisten una y otra vez los independentistas en que se les persigue, juzga y envía a prisión por sus ideas. Si esto fuera así, todos los que intervinieron en los plenos del Parlamento catalán ya estarían procesados y en la cárcel. Solo se ha procesado y enviado a prisión a los que con sus hechos han violado las leyes, empezando por la Constitución.

Los representantes de los partidos independentistas asimismo reiteran que ellos no hacen sino cumplir el mandato del pueblo catalán. Otra evidente falsedad. Ni siquiera cuentan con una mínima mayoría de votos, sumando los obtenidos en las elecciones del 21D por todos los grupos independentistas.

Los bloques son inamovibles desde hace al menos 35 años. A pesar de contar el nacionalismo excluyente con el adoctrinamiento soberanista en las escuelas y demás centros educativos, con la manipulación constante de los medios de comunicación afines, sobre todo la TV3, y con la persecución, esta sí por sus ideas, de quienes disienten de la versión oficial, los partidarios de la independencia no han aumentado. Aunque tampoco los defensores de la Constitución.

Este es el drama de Cataluña y, por tanto, de España: que el pueblo catalán está fracturado en dos mitades ancladas en sus respectivas e irreconciliables posturas. Así las cosas, ¿qué diálogo cabe entre ambas partes? ¿Qué solución hay para superar esta endémica división?