20 de febrero de 2022

Refundación de la democracia en España

 Las palabras y la vida 

Alberto Martín Baró

Ni los más experimentados y lúcidos analistas políticos se atreven a pronosticar lo que ocurrirá con el Partido Popular después del enfrentamiento entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y la dirección nacional del partido. Hay opiniones para todos los gustos. Desde quienes abogan por la dimisión o destitución del secretario general Teodoro García Egea, la retirada del presidente Pablo Casado, o de los dos mandatarios, y la convocatoria del congreso nacional.

Hablando con el director de una acreditada publicación digital, le pregunté si veía algún futuro para el PP. Su contestación fue tajante: “Destruirlo”. A su juicio, el problema no reside en la inutilidad de la plana mayor del Génova, sino en el rumbo errático del partido en la ideología y en la gestión. No entraba a juzgar la actuación de Casado-Egea y de Díaz Ayuso, sino que apuntaba al planteamiento del partido como proyecto político.

Claro que, aduje yo, para la destrucción del PP se bastan sus propios dirigentes, sin que tengan que intervenir ni el Gobierno de la nación ni otras fuerzas sean de izquierdas o de derechas.

En un artículo mío que fue censurado por el director de El Adelantado de Segovia, lo que me decidió a dejar de colaborar con el diario después de quince años, yo defendía la sustitución de los políticos por técnicos y expertos en los distintos ámbitos de la administración pública.

En un escrito posterior dejé a los políticos profesionales la función de coordinar a los tecnócratas. Siempre y cuando se erradicaran las prácticas de corrupción extendidas a todas las formaciones políticas, por aquel dictum tan citado del historiador británico lord Acton de que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

A estas alturas de la película no sabemos –y quizá no se sepa nunca– si en la conducta de Isabel Díaz Ayuso con relación a la actividad comercial y los cobros de su hermano ha habido ilegalidad, o tráfico de influencias, como la acusan Casado y Egea.

Coincidiendo en el tiempo, ha salido a la luz la investigación de la Policía Nacional sobre importantes sumas de dinero cobradas por el marido de la directora de la Guardia Civil a empresas financiadas por el anterior gobierno andaluz. También el esposo de la vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño se ha visto envuelto en actuaciones comerciales de su empresa que supuestamente cobra a pymes por captar fondos de la Unión Europea.

La sombra del nepotismo, o sea, según el Diccionario de la Real Academia, la “desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos”, se proyecta sobre gobernantes y cargos políticos de todo signo. El presidente Pedro Sánchez es un ejemplo conspicuo de esta práctica, con el nombramiento de su esposa Begoña Gómez como directora del África Center, del grupo Instituto de Empresa, centro para la innovación en el continente africano.

En mi opinión, la crisis del PP debería ser una oportunidad única para renovar nuestro ineficiente y corrupto sistema de democracia representativa sobre la base de cuatro principios insoslayables:

El primero y fundamental, la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

El segundo, la aplicación, controlada por expertos independientes, de los artículos de la Constitución Española sobre los partidos políticos.

El tercero, la reforma de la ley electoral según la norma de “una persona un voto”, sin privilegios a determinadas circunscripciones.

El cuarto, la actuación rápida de los tribunales de justicia, y muy en especial del Tribunal Constitucional, para resolver los casos de corrupción de los políticos y los abusos del poder ejecutivo sobre el legislativo y el judicial.

Pues ahí es nada, me dirá el atónito lector.

 

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