Funcionarios

 Las palabras y la vida 

Alberto Martín Baró

Deberíamos alegrarnos de que en el pasado mes de septiembre el paro en España bajó en 76.113 personas respecto al mes anterior y la afiliación a la Seguridad Social aumentó en 57.387 cotizantes.

Este es el vaso medio lleno. Pero el vaso medio vacío nos hace ver que el total de parados en nuestro país sigue arrojando la escalofriante cifra de 3.257.802 personas. Y en este número no están incluidos los trabajadores en ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), que vaya usted a saber si no pasarán a engrosar el pelotón de desempleados, ni los autónomos que cobran el cese extraordinario de actividad.

Por si este panorama no fuera suficiente para enfriar la euforia del Gobierno con los datos de septiembre, la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) avisa al presidente Sánchez de que: “En la actualidad hay 214.000 funcionarios públicos más que en 2019”. Y Sánchez anuncia que les subirá el sueldo un 2 %, lo cual significa que el salario de este colectivo acumula un aumento del 7,15 % desde 2019.

Porque, en realidad, cuando los Gobiernos prometen crear puestos de trabajo, lo único que está en sus manos es incrementar el número de funcionarios públicos.

En el programa del PSOE de 1982 figuraba la creación de 800.000 empleos. Pues bien, en diciembre del año 2008, un desencantado Felipe González declaraba: “Yo prometí crear 800.000 empleos y destruí 800.000 empleos”. Y añadía: “Los empleos los dan los empleadores y no el Estado”.

Esta cifra mágica de 800.000 nuevos puestos de trabajo es la que aparece en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, solemne y reiteradamente anunciado por el presidente Sánchez en octubre de 2020. Empleos que se crearían a lo largo de los años 2020, 2021 y 2022 gracias a los 140.000 millones del fondo de recuperación europeo. Estamos terminando el año 2021 y, para estas fechas, haciendo un sencillo cálculo, tendrían que haberse creado aproximadamente 500.000 empleos.

No voy a caer en la crítica fácil al funcionariado. Como en otros colectivos, hay en él trabajadores bien preparados y eficientes, y otros que han logrado su colocación gracias a influencias espurias y careciendo de la adecuada preparación.

Cuando hoy no pocos analistas políticos abogan por una reforma de la Constitución Española que suprimiera las onerosas e ineficientes Comunidades Autónomas, ¿nos hacemos cargo del número de desempleados que acarrearía esa supresión, empezando por los consejeros y parlamentarios de las 17 autonomías?

También es verdad que en los periodos de transición después de unas elecciones generales, en los que aún no se había formado Gobierno, la vida pública funcionaba sin grandes trabas gracias a los funcionarios de los distintos departamentos y organismos públicos.

Llegar a ser funcionario en España, y supongo que también en otros países, es el sueño de muchas madres para sus hijos y el objetivo de muchas personas deseosas de desempeñar un empleo libre de los sobresaltos y posibles despidos, procedentes o improcedentes, de otros trabajos.