Las palabras y la vida
Alberto Martín Baró
Cuando Pedro Sánchez
quiere justificar cualquiera de las actuaciones de su Gobierno durante la
crisis del covid-19, alega que siempre sigue el consejo de “los expertos”.
Quiénes sean tales expertos, no lo comunica. Se da por supuesto que son
conocedores cualificados de los distintos ámbitos, sanitarios, económicos y
sociales, a los que ha afectado de manera especial la actual pandemia y que,
además de los conocimientos teóricos, tienen experiencia en la solución de los
problemas prácticos.
Estamos acostumbrados a
que los jefes del Ejecutivo y los ministros de sus gabinetes sean, con alguna
excepción, políticos militantes del partido que ha ganado las elecciones. He
estado repasando los currículos de los ministros –perdón, y las ministras– del
Gobierno de Pedro Sánchez y la mayoría de ellos han realizado su carrera
profesional dentro de la Administración pública y, en bastantes casos, han
ejercido la docencia en distintas universidades asimismo públicas. Con alguna
rara excepción, nunca han trabajado en la empresa privada.
¿Se les puede considerar
expertos en las competencias asignadas a sus respectivas carteras? Sobre el
papel, a bastantes de ellos se les podría juzgar preparados para desempeñar con
solvencia las funciones de sus cargos. O sea, que tenemos el mejor de los
Gobiernos posibles en la más grave coyuntura sanitaria, económica y social que
está asolando no solo a España, sino al mundo entero.
¿A qué se debe entonces
que nuestro país ocupe el cuarto puesto en el número de fallecidos por el
covid-19 en relación con el número de habitantes, después de Estados Unidos,
Reino Unido e Italia?
Es un hecho reconocido
por la práctica totalidad de los analistas, pero no así por el Gobierno de
Pedro Sánchez, que este empezó con retraso a tomar las medidas necesarias para
atajar los contagios por el coronavirus, cuando ya se habían dado casos de
infectados en nuestro país. No fue hasta el 14 de marzo cuando el Gobierno
decretó el estado de alarma, después de permitir por motivos ideológicos las
masivas manifestaciones feministas del 8-M.
La responsabilidad
asumida por el Gobierno central en materia de sanidad a raíz del estado de
alarma ha recaído en el ministerio que dirige Salvador Illa. A Salvador Illa se
le suele presentar como filósofo, por ser esta la materia de sus estudios
principales. Yo estudié Filosofía y Letras en la Universidad de Munich y en la
Complutense de Madrid, y nunca me he considerado filósofo por no haberme
dedicado profesionalmente a esta disciplina. Salvador Illa ni es filósofo, ni
mucho menos experto en sanidad, a pesar de que esta es la cartera que le confió
Pedro Sánchez en la idea de que, estando transferidas a las comunidades
autónomas las competencias sanitarias, no tendría el titular del ministerio
central que hacer frente a situaciones especiales, por supuesto no a una crisis
mundial de la salud.
Aquí es donde entra en juego
el “experto” Fernando Simón, que ostenta el pomposo cargo de director del
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Desbordaría los
límites de este artículo recorrer todas las declaraciones de este pretendido
especialista. El 31 de enero, cuando ya se había diagnosticado el primer
contagiado por coronavirus en nuestro país, Simón aseguraba: “Nosotros creemos
que España no va a tener como mucho algún caso diagnosticado, esperemos que no
haya transmisión local. Si la hay será muy limitada y controlada”.
Obsérvese la confusa
redacción, marca de la casa. En numerosas comparecencias, insistió en que en
España no se darían más que un par de casos de covid-19.
Pero si estas
intervenciones no fueran suficientes para desautorizar al doctor especialista,
el propio Fernando Simón cayó contagiado por el coronavirus. ¿No cumplió las
medidas de protección y distancia social que él mismo aconseja, o estas no
valen para nada? Del desabastecimiento de mascarillas, test y equipos de
protección, así como de la adquisición de material defectuoso, no es
responsable Simón, pero sí el Ministerio de Sanidad
Y no es de recibo en
cualquier caso que los médicos y sanitarios en primera línea de choque contra
el covid-19 no hayan contado con los imprescindibles equipos de protección
individual. Lo que ha causado que el número de sanitarios contagiados en España
superen los 45.000. Otro récord de la gestión del gabinete de Sánchez.
¿Por qué ministros como
Nadia Calviño, José Luis Escrivá, Manuel Castells y Luis Planas, cualificados
en sus respectivos dominios, no tienen peso en las decisiones del Gobierno de
Sánchez? Porque en este priman las razones ideológicas y partidistas, y una
improvisación y una rectificación constantes.
Y porque en el seno del
mismo Gobierno están los políticos de Unidas Podemos que, como reconoció el
propio Sánchez antes de formar coalición con ellos, no dormiría tranquilo ni él,
ni el 95 % de los españoles, si les dejara sentarse en el Consejo de Ministros.
Pues ahí están. Y si de
alguien puede afirmarse sin temor a equivocarse que no son expertos en nada,
salvo en medrar a costa del erario público después de convertirse en “casta”, es
de Pablo Iglesias y de Irene Montero.
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