19 de febrero de 2023

Protección de la vida humana

 Las palabras y la vida 

Alberto Martín Baró

En plena votación de la reforma de la ley del aborto, líderes religiosos ortodoxos, evangélicos, anglicanos, musulmanes y católicos han hecho pública una declaración conjunta en la que defienden que “toda vida humana, en su inviolable dignidad, debe ser protegida desde el principio hasta el fin”.

Esta protección de la vida humana “desde el principio hasta el fin” plantea el interrogante fundamental de cuándo se puede considerar “vida humana” lo concebido por la mujer. En un extremo estarían quienes sostienen que solo el nacido es un ser humano pleno con derecho a la vida y, en consecuencia, hasta ese momento es lícito interrumpir el embarazo. En el otro extremo se encuentran quienes afirman que el óvulo fecundado es ya vida humana. Entre estos extremos cabría situar, en teoría, toda una serie de posturas para las que la vida humana comenzaría en alguno de los diferentes estadios que se suceden desde la fecundación hasta el alumbramiento del feto. En la práctica, las legislaciones más extendidas sobre el aborto señalan algunos plazos concretos para los supuestos en los que es lícito interrumpir la gestación. Así, de acuerdo con el Artículo 14 de la Ley del Aborto aprobada por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, “podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación a petición de la embarazada, siempre que concurran los requisitos siguientes: a) Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad (…). B) Que haya transcurrido un plazo de al menos tres días desde la información mencionada en el párrafo anterior y la realización de la intervención”.

En junio de 2010, el Partido Popular presentó un recurso contra varios preceptos de dicha ley ante el Tribunal Constitucional. El 9 de febrero de 2023 el Tribunal desestimó el recurso.

En mayo de 2022 el Gobierno socialcomunista presidido por Pedro Sánchez aprobó un proyecto de ley que recupera el aborto sin consentimiento a partir de los 16 años, elimina la obligación de recibir información sobre maternidad y la de retrasar la decisión tres días a modo de reflexión como requisitos.

El derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo es el principal argumento de grupos políticos y sociales de izquierdas para permitir el aborto entre la semana 14 y 22 del embarazo con la sola voluntad de la mujer libremente expresada. La validez de este argumento dependerá de la respuesta que se haya dado a la cuestión fundamental de cuándo se considera el feto un ser humano. En el momento en que dentro del cuerpo de la mujer haya otro cuerpo humano, el derecho a disponer del propio cuerpo quedará limitado.

No faltan argumentos que niegan que el aborto sea un derecho de la mujer. Acabar con un feto en la semana 22, arguyen, es técnicamente lo mismo que hacerlo en la 25. El legislador interpreta, sin hacerlo explícito, que más allá de la semana 22 el feto tiene derechos.

El texto hecho público por los líderes religiosos reconoce que “hay situaciones complejas, que son difíciles de resolver”, pero insisten en que esos “profundos dilemas éticos y morales no pueden resolverse de forma genérica con el sacrificio de uno de los derechos fundamentales afectados (en este caso, el derecho a la vida) haciendo prevalecer el otro”.

El enfoque positivo de proteger la vida humana desde el principio hasta el fin es la mejor forma de luchar contra el mal que significan el aborto y la eutanasia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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