Alberto Martín Baró
¿Habrán leído los gobernantes de España en estos tiempos aciagos la Constitución? Les recuerdo el artículo 116.2: “El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo”.
No hace falta ser un docto constitucionalista para entender que los seis meses establecidos por el Gobierno de Pedro Sánchez para el estado de alarma supera con mucho “el plazo máximo de quince días” que fija la Constitución.
Pero no solo incurre en flagrante inconstitucionalidad el presidente del Gobierno, sino también el líder de la oposición al proponer para el estado de alarma ocho semanas en vez de seis meses.
Que Pedro Sánchez no desconocía la letra de la Constitución lo prueba el hecho de que, en la anterior ola de la pandemia, decretó el estado de alarma por un plazo de quince días, cuya prórroga fue solicitando al Congreso en sucesivos plenos.
Afirma el presidente del Gobierno que todos, él incluido, hemos aprendido mucho de la experiencia vivida en la lucha contra el covid-19 durante la primera ola.
Falso. Seguimos, gobernantes y gobernados, y casi me atrevería a decir que también los expertos, dando los mismos palos de ciego contra el coronavirus. Hay comentaristas que, en tono coloquial, llaman “bicho” a un virus que no es ni será un ser vivo. Al que, por tanto, no es posible matar, sino solo destruir disolviendo con la espuma de un jabón, con hidrogeles o con alcohol de más del 65 % la capa de grasa que lo recubre.
Pero este remedio lo hemos conocido, o podido conocer, desde el comienzo de la pandemia. Como desde esos inicios hemos aprendido a protegernos con mascarillas y guardar la distancia de seguridad. Y sabíamos que el tiempo de desintegración del virus depende del la temperatura y humedad, y que las moléculas del virus se conservan muy estables en ambientes fríos y húmedos. De ahí que se nos previniera con razón de que la llegada del otoño y más aún del invierno sería muy favorable a la persistencia y propagación del virus.
¿Y qué se nos propone para librarnos de los contagios y daños producidos por el virus? Confinarnos o, al menos, limitar nuestros movimientos y contactos. O sea, lo mismo que, a escala nacional, supuso el estado de alarma del 14 de marzo. Con la agravante de dejar que cada comunidad autónoma concrete las medidas para responder a esa alarma, ese “a las armas” de un llamamiento a la guerra sin mando, ni coordinación, ni armas eficaces contra el enemigo.
No, no hemos aprendido.
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