Jueces y magistrados

 Las palabras y la vida 

Alberto Martín Baró         

Los jueces y magistrados españoles, como cualquier ciudadano en la España actual, son muy libres de profesar las ideas políticas que prefieran. Pero lo que les está prohibido expresamente por la Constitución de 1978 en su Artículo 127 es, mientras estén en activo, pertenecer a partidos políticos y sindicatos. Sí pueden asociarse a cualquiera de las asociaciones judiciales, como la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente.

Las asociaciones judiciales tienen como finalidad principal defender los derechos de sus afiliados, a la vez que velan por la salvaguarda del Artículo 117 de la Constitución que establece: “La justicia emana del pueblo y es administrada en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley”.

Esto no impide que las mencionadas asociaciones tengan un marchamo político conservador o progresista. Lo cual no debería ser óbice para que sus miembros, en el ejercicio de sus funciones, fueran independientes y se guiaran únicamente por el “imperio de la Ley”.

La nueva proposición de ley presentada el pasado 13 de octubre por los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos pretende que vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puedan ser nombrados por mayoría absoluta de las Cámaras, frente a la mayoría de tres quintos en vigor actualmente. Asimismo, que los miembros no renovados del CGPJ no puedan nombrar jueces para altos puestos de la magistratura.

Se ha calificado esta proposición de ley de ataque a la justicia y de asalto del Poder Judicial por parte del Gobierno socialista podemita. Yo no dudo de que el propósito de Sánchez e Iglesias sea controlar a jueces y magistrados. Ahora bien, este intento de control es la mayor descalificación de jueces y magistrados por el ejecutivo, que supone que, al depender su nombramiento del Gobierno, se plegarán a sus consignas y no administrarán justicia con independencia y rigor jurídico.

Quiero confiar en que un juez o magistrado, ya sea de ideología progresista o conservadora, no se deje influir por sus preferencias ideológicas, sino que se rija por el “imperio de la Ley”.